La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en última instancia la condena contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, dentro del proceso por el grupo ilegal conocido como Los 12 Apóstoles, una estructura señalada de ejecutar un plan de “limpieza social” en el norte de Antioquia con la participación de particulares y agentes del Estado.
Le puede interesar: Expareja de Oviedo también se bajó del bus de Paloma y le habría mostrado su apoyo a Iván Cepeda
La decisión se dio al revisar la garantía de doble conformidad, luego de que Uribe Vélez fuera absuelto en primera instancia y posteriormente condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Antioquia. Con esta revisión, la Corte lo halló responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.
El caso tiene como uno de sus puntos centrales el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera que cubría la ruta entre Campamento y Yarumal, en Antioquia. Barrientos fue asesinado por sicarios después de ser señalado por el grupo criminal como supuesto auxiliador de la guerrilla.
¿Qué dijo el fallo sobre Santiago Uribe?
De acuerdo con el expediente, el fallo de segunda instancia señaló que Barrientos venía siendo marcado por varios integrantes de Los 12 Apóstoles. Según esa decisión, Santiago Uribe habría recibido información sobre las supuestas actividades subversivas de la víctima y su ruta, y luego habría canalizado esos datos con otros miembros de la organización.
El Tribunal Superior de Antioquia había condenado en noviembre de 2025 a Santiago Uribe a 28 años y 4 meses de prisión por su responsabilidad en la conformación y dirección del grupo paramilitar, así como por el homicidio agravado de Camilo Barrientos. En ese momento, la decisión revocó una absolución previa y marcó uno de los fallos más relevantes sobre estructuras paramilitares en Antioquia.
La agencia AP también reportó entonces que Santiago Uribe fue condenado por su participación en un grupo paramilitar de derecha conocido como Los 12 Apóstoles, activo en los años noventa y vinculado con cientos de asesinatos y desapariciones forzadas en Antioquia.
¿Qué dijo Álvaro Uribe de la condena de su hermano?
Tras conocerse la decisión, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a través de sus redes sociales y afirmó que su abogado, Jaime Granados, le comunicó que la información periodística señalaba que la Corte Suprema había confirmado la condena contra su hermano.
“El Dr. Jaime Granados me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia”, escribió el exmandatario.
La reacción se suma a los pronunciamientos que el expresidente ya había hecho en noviembre de 2025, cuando se conoció la condena en segunda instancia.
¿Qué son los 12 Apostoles y en qué está relacionado el hermano de Uribe?
El proceso penal por la conformación del grupo comenzó en 1995, tras la denuncia de Albeiro Martínez, quien atribuyó varios homicidios cometidos en Yarumal a esa organización. Las primeras indagaciones del CTI permitieron avanzar en la documentación de la existencia de la estructura y de su expansión en la región.
Según el expediente, el grupo habría operado bajo el mando de Pedro Manuel Benavides y del entonces teniente Juan Carlos Meneses, quien se convirtió en uno de los principales testigos del caso. Meneses declaró desde Argentina en 2010 y vinculó a Santiago Uribe con la organización.
En sus declaraciones, Meneses también entregó información sobre una presunta red de apoyo y sobre la forma en que la organización habría funcionado cerca de la estación de Policía de Yarumal. El proceso ha sido leído durante años como uno de los casos más sensibles sobre la relación entre estructuras paramilitares, poderes locales y agentes estatales en Antioquia.
El caso de Los 12 Apóstoles no solo ha sido relevante por la figura de Santiago Uribe, sino por lo que representa dentro de la discusión sobre paramilitarismo, justicia e impunidad en Colombia. El País señaló, tras la condena de 2025, que el fallo conectaba a la estructura con crímenes de lesa humanidad y con una violencia que dejó una profunda huella en municipios como Yarumal, Campamento y Valdivia.