El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció tras conocerse que la Fiscalía tramita un nuevo principio de oportunidad dentro del proceso penal que investiga presuntos hechos de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante el gobierno de Daniel Quintero Calle.
El mecanismo permitiría que algunos de los procesados colaboren con las autoridades a cambio de beneficios judiciales.
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Federico Gutiérrez reaccionó porque ya empezaran a hablar los vinculados en el proceso de exfuncionarios de Daniel Quintero Calle
En ese contexto, el mandatario aseguró que varios implicados comenzaron a aportar información a la justicia. A través de su cuenta en la red social X escribió: “Los que hicieron parte de un gran concierto para delinquir, ya empezaron a cantar. Bienvenida la colaboración con la Justicia: que cuenten todo, quién coordinó la estructura criminal, quién ordenó, quién firmó y quién cobró”.
Gutiérrez también señaló que las investigaciones deben avanzar hasta establecer todas las responsabilidades y recordó que, según los procesos judiciales en curso, ya hay decenas de personas vinculadas.
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“La plata pública es sagrada y los que se robaron a Medellín tienen que pagar, ya van 55 imputados, incluyendo el jefe de la banda”, afirmó, al tiempo que expresó su expectativa de que continúen los procesos de extinción de dominio sobre bienes relacionados con estos hechos.
El pronunciamiento se dio luego de que la Fiscalía informara que otro de los procesados en el caso del Área Metropolitana inició el trámite para acogerse a un principio de oportunidad, figura jurídica que permite suspender o incluso renunciar a la acción penal a cambio de colaboración efectiva con la justicia y entrega de información clave sobre posibles responsables de mayor jerarquía.
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¿De qué se trata el caso que involucra al Área Metropolitana?
La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por presuntas irregularidades en contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
Según el ente acusador, los convenios habrían sido utilizados para direccionar recursos públicos mediante contratos que, posteriormente, eran subcontratados con terceros, lo que habría permitido el desvío de dineros y el pago de comisiones ilegales.
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De acuerdo con la Fiscalía, la investigación apunta a la posible existencia de una estructura organizada que habría operado desde entidades públicas para favorecer intereses particulares.
Entre los implicados aparecen exfuncionarios del Área Metropolitana, contratistas y particulares señalados de participar en la planeación, adjudicación y ejecución de los contratos. Las autoridades investigan delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
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En el marco de este proceso judicial, la Fiscalía ha informado que al menos 55 personas han sido imputadas, entre ellas exfuncionarios públicos y empresarios vinculados a la contratación.
Las autoridades sostienen que el caso hace parte de un entramado más amplio de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante ese periodo administrativo, por lo que las investigaciones continúan para establecer responsabilidades y determinar el alcance total de la red.