Una fuerte polémica sacude a la localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de que se conocieran múltiples denuncias de la comunidad sobre un presunto caso de brutalidad policial ocurrido el domingo 8 de junio en el barrio El Amparo. Según los testimonios de los afectados, un procedimiento de registro policial derivó en una violenta agresión que dejó a una mujer con dientes fracturados, dos personas más golpeadas y un menor de edad con contusiones tras ser atacado por grabar la escena.
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Todo habría iniciado cuando los agentes intentaron detener a un hombre sin causa aparente, según relatan testigos. Al intervenir sus acompañantes para evitar el arresto, varios policías reaccionaron con violencia, golpeando al grupo. Un vecino que presenció los hechos intentó mediar y también fue empujado e insultado por un uniformado.
Su esposa bajó a intervenir y fue golpeada en el rostro, al igual que una joven más que terminó con la pérdida de dos dientes. Su hijo, un menor de 16 años que grababa la escena, también habría sido golpeado en la cara y le fue destruido el celular.
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Según versiones entregadas por vecinos y personas que estuvieron en el lugar, la Policía habría intentado presentar al detenido como presunto expendedor de drogas, algo que niega su familia. “La Defensoría del Pueblo ya recibió la queja formal”, indicaron fuentes cercanas al caso.
La respuesta oficial de la Policía
La Policía Metropolitana de Bogotá respondió este lunes con una versión oficial de los hechos. Indicaron que el procedimiento fue parte de actividades de control en la zona, pero que la comunidad se opuso al registro de dos ciudadanos, uno de ellos capturado por agredir a un uniformado.
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Según la institución, el detenido es un hombre de 40 años con antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno y porte de estupefacientes. Fue trasladado al Centro de Traslado por Protección (CTP) y está siendo judicializado por el presunto delito de violencia contra servidor público.
La Policía confirmó además que una mujer resultó agredida en medio del procedimiento y que se ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos y verificar posibles irregularidades por parte de los uniformados. “Rechazamos cualquier conducta que se aparte del respeto por los derechos humanos y la legalidad”, indicó la institución.
