La localidad de Suba vivió una jornada de tensión este sábado 24 de mayo, cuando decenas de ciudadanos se volcaron a las calles para exigir justicia por la muerte de Angie Alejandra Rodríguez, una mujer que falleció el pasado 22 de mayo durante un procedimiento policial.
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La protesta se concentró frente al CAI La Gaitana, ubicado en la calle 139 con carrera 114, lugar señalado por los manifestantes como epicentro del abuso de autoridad. En redes sociales circularon múltiples videos donde se observa a ciudadanos lanzando piedras, haciendo grafitis en la fachada del CAI y enfrentándose verbalmente con los uniformados.
Lo que comenzó como un plantón pacífico en memoria de Angie terminó en confrontaciones, luego de que la Policía Metropolitana de Bogotá interviniera para evitar bloqueos en las vías. Organizaciones como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denunciaron que agentes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocido como ESMAD, habrían reprimido a los manifestantes.
“La comunidad está indignada por la impunidad y la falta de respuesta institucional. No fue un caso aislado”, señaló una vocera del comité.
Abuso policial en Bogotá: un patrón que se repite
El caso de Angie Alejandra Rodríguez se suma a una lista de muertes y agresiones en medio de operativos de la Policía en Bogotá que han generado indignación y desconfianza ciudadana.
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Uno de los más recordados ocurrió en septiembre de 2020, cuando Javier Ordóñez, un abogado de 46 años, murió tras ser electrocutado con una pistola taser por uniformados del CAI de Villa Luz. Su muerte desató protestas masivas en toda la ciudad, dejando al menos 13 muertos y decenas de heridos por disparos de arma de fuego presuntamente realizados por la Policía.
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En 2021, durante el estallido social de mayo, la ONG Temblores documentó más de 50 homicidios presuntamente cometidos por agentes del Estado en el país, varios de ellos en Bogotá. Casos de detenciones arbitrarias, violencia sexual y lesiones también fueron reportados.
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Temblores ONG, en su informe más reciente, alerta sobre un “uso desproporcionado de la fuerza en zonas populares de la capital” y exige una reforma profunda a la Policía Nacional.
¿Qué dicen las autoridades?
Por su parte, las autoridades respondieron asegurando que se ha abierto una investigación disciplinaria y judicial en la justicia penal militar y policial, con radicado formal, para esclarecer los hechos. Además, la Policía indicó que pondrá a disposición de los entes de control e investigativos todas las pruebas y materiales recaudados, con el fin de garantizar total transparencia en el proceso.
La víctima, Angie Alejandra Rodríguez, según fuentes oficiales, tenía anotaciones previas por delitos relacionados con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y estupefacientes.
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Finalmente, la alcaldía de Bogotá, por su parte, hizo un llamado a mantener la protesta pacífica y reiteró la necesidad de esclarecer los hechos. Pero en Suba, la herida sigue abierta, y la desconfianza en las instituciones crece con cada silencio oficial.
