La muerte de cuatro menores de edad durante una operación militar contra el Clan del Golfo en el departamento del Chocó abrió una nueva controversia sobre los alcances de los bombardeos de la Fuerza Pública y la presencia de adolescentes en zonas de conflicto.
El hecho ocurrió en una zona rural del municipio de Nuquí, donde las Fuerzas Militares adelantaron un ataque contra un campamento del frente Jhon Fredy Orjuela del Clan del Golfo. Tras la operación, fueron recuperados nueve cuerpos y decomisado material de guerra.
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Bombardeo en Nuquí habría acabado con la vida de cuatro menores de edad
El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó, luego de practicar las necropsias, que entre las víctimas había cuatro adolescentes de sexo masculino.
Tras conocerse la información, el Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), aseguró que los menores fallecidos no hacían parte de la organización armada y que se encontraban en la zona visitando a sus familiares.
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Según conoció El Colombano, a través de un comunicado divulgado en redes sociales la estructura ilegal afirmó que “cuatro menores de edad que se encontraban visitando a sus familiares en la zona murieron como consecuencia del bombardeo indiscriminado, que afectó seriamente a civiles que nada tienen que ver con el conflicto”.
Asimismo, el grupo armado sostuvo que con la operación “se violan los principios de proporcionalidad, ya que el daño a civiles es absolutamente excesivo, sin que de ese daño derive una ventaja militar en contra del EGC”.
Sin embargo, las Fuerzas Militares rechazaron esa versión, “la operación se ejecutó contra un campamento plenamente identificado del Clan del Golfo en zona selvática. La acción militar se dirigió exclusivamente contra combatientes ilegales con función continua de combate del Clan del Golfo”, indicaron desde el Comando General de las Fuerzas Militares.
La institución agregó que el operativo se desarrolló bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario, “el objetivo fue un blanco militar legítimo, conforme a las normas del Derecho Internacional Humanitario. Se aplicaron los principios de distinción, proporcionalidad, necesidad y precaución, sin daños colaterales”, señalaron.
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De igual manera, las Fuerzas Militares insistieron en que las nueve personas fallecidas se encontraban armadas, “la operación militar se dirigió únicamente contra combatientes ilegales con función continua de combate, siendo el resultado nueve muertos en desarrollo de operaciones militares, quienes se encontraban con armamento e intendencia”, enfatizaron.
El episodio se produce en medio de los acercamientos de paz que el Gobierno Nacional mantiene con el Clan del Golfo desde 2025 y mientras avanzan los preparativos para la instalación de una Zona de Ubicación Temporal, donde serían concentrados cerca de 500 integrantes de esa organización con miras a una eventual desmovilización.