La muerte de Mía Cataleya, la bebé de seis meses cuyo caso conmocionó al país, sigue generando repercusiones institucionales. Esta vez, la Procuraduría General de la Nación intervino y requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Tolima para que garantice de manera permanente e ininterrumpida la atención y protección integral de los niños, niñas y adolescentes del departamento.
La actuación preventiva del Ministerio Público se produjo tras conocer información relacionada con posibles fallas en la activación oportuna de las rutas de protección y restablecimiento de derechos en el caso de la menor, inicialmente reportado por la Alcaldía de El Espinal como un presunto episodio de abuso sexual.
Muerte de Mía Cataleya: Procuraduría pone bajo la lupa al ICBF por posibles omisiones en la atención
Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría solicitó al ICBF Regional Tolima adoptar medidas concretas para fortalecer la atención a la niñez, especialmente en situaciones de riesgo o vulneración de derechos. Entre las exigencias realizadas se encuentra la disposición permanente de defensores de familia y equipos interdisciplinarios con atención las 24 horas del día.
Asimismo, el organismo de control pidió fortalecer la articulación entre hospitales, comisarías de familia, personerías, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, con el propósito de garantizar respuestas rápidas y coordinadas frente a posibles casos de violencia contra menores.
La entidad también solicitó un informe detallado sobre las acciones adoptadas para asegurar la continuidad del servicio de protección infantil en el departamento del Tolima.
La Procuraduría Regional de Instrucción Tolima recordó que la niñez cuenta con una protección constitucional reforzada y enfatizó que las autoridades competentes deben actuar con diligencia, oportunidad e inmediatez ante cualquier amenaza, vulneración de derechos o situación de violencia, especialmente cuando involucra posibles casos de violencia sexual infantil.
Un caso que dio un giro inesperado
La intervención de la Procuraduría ocurre mientras avanza la investigación por la muerte de Mía Cataleya, ocurrida el pasado 27 de mayo y que inicialmente generó alarma nacional debido a las versiones preliminares que apuntaban a un posible abuso sexual.
Sin embargo, el rumbo del proceso cambió tras los análisis realizados por expertos de Medicina Legal. Los resultados preliminares de la necropsia descartaron que la bebé hubiera sido víctima de violencia física o abuso sexual, hipótesis que habían sido consideradas durante los primeros días de investigación.
Las conclusiones forenses revelaron que la menor habría fallecido a causa de una neumonía, cuadro que presuntamente se agravó debido a una falta de atención oportuna y a condiciones de descuido que hoy son objeto de investigación judicial.
A partir de estos hallazgos, la Fiscalía General de la Nación reorientó el caso hacia una posible omisión en los deberes de cuidado y protección de la menor.
Captura de la madre y proceso judicial
Como parte de las investigaciones, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a la madre de la bebé en el municipio de El Espinal. La mujer se convirtió en la principal investigada dentro del proceso.
Según las autoridades, será presentada ante un juez de control de garantías para responder por el delito de homicidio agravado por omisión, al considerar que habría incumplido los deberes de cuidado, custodia y protección que tenía sobre la menor.
La Fiscalía sostiene que existieron circunstancias que permitieron el deterioro progresivo del estado de salud de Mía Cataleya hasta provocar su fallecimiento en un centro asistencial.
Mientras avanza el proceso judicial, la actuación de la Procuraduría busca establecer si existieron fallas institucionales en la activación de las rutas de protección infantil y garantizar que situaciones similares no vuelvan a repetirse.
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El caso de Mía Cataleya continúa bajo investigación y se ha convertido en uno de los más sensibles del año, tanto por las circunstancias que rodearon la muerte de la menor como por los cuestionamientos sobre la respuesta de las entidades encargadas de proteger los derechos de la infancia en Colombia.