La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden administrativa contra Tesla Motors Colombia S.A.S. tras detectar posibles irregularidades en la comercialización de vehículos eléctricos en el país, especialmente relacionadas con retrasos en las entregas, información sobre garantías y condiciones de venta.
La decisión fue adoptada luego de una averiguación preliminar adelantada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, que revisó las operaciones de Tesla desde su llegada a Colombia en noviembre de 2025.
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SIC encontró irregularidades en comercialización de Tesla Colombia
Según informó la entidad, durante la investigación se analizaron cerca de 23.700 pedidos realizados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, además de peticiones, quejas y reclamos presentados por consumidores.
La SIC encontró posibles afectaciones a los derechos de los compradores, particularmente por demoras en las entregas inicialmente prometidas. De acuerdo con el informe, más de 1.800 vehículos que debían entregarse entre febrero y marzo de 2026 seguían pendientes al cierre de abril.
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Además, la autoridad identificó inconsistencias en la información suministrada sobre garantías, tiempos de entrega y disponibilidad de infraestructura de carga para los vehículos eléctricos en Colombia.
En el comunicado, la Superintendencia señaló que Tesla deberá ajustar y aclarar la información entregada a los consumidores sobre los plazos de entrega, evitando presentar fechas tentativas como si fueran definitivas.
La entidad también ordenó informar de manera “clara, suficiente y verificable” las condiciones reales de las garantías aplicables a los vehículos comercializados en el país.
Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con la infraestructura de carga. La SIC pidió a Tesla abstenerse de difundir información que pueda inducir a error sobre la existencia y disponibilidad de estaciones tipo “Supercharger” en Colombia.
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Asimismo, la compañía deberá garantizar transparencia en las condiciones relacionadas con reservas, pagos y entregas, además de revisar cláusulas contractuales vinculadas con limitaciones de garantía, especialmente en componentes como llantas y neumáticos.
La Superintendencia indicó que el incumplimiento de las órdenes impartidas podría derivar en sanciones administrativas contempladas en la Ley 1480 de 2011.