El candidato presidencial Abelardo De la Espriella desató una nueva polémica tras revelar varias de las medidas de seguridad que implementaría en caso de llegar a la Presidencia de Colombia en las próximas elecciones, entre ellas el regreso de los bombardeos contra campamentos de grupos armados y la orden de hundir embarcaciones utilizadas para el narcotráfico.
Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista en Noticias Caracol, donde el aspirante aseguró que retomará acciones militares contundentes contra las economías ilegales y las estructuras criminales del país.
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De la Espriella aseguró que volverán los bombardeos para atacar cultivos del narcotráfico
“Voy a dar la orden el 8 de agosto de empezar a fumigar las más de 330.000 hectáreas de coca que son la fuente primigenia de todas las formas de violencia”, afirmó durante la entrevista.
El candidato también aseguró que ordenará reactivar los bombardeos contra campamentos de grupos armados ilegales, aunque señaló que se utilizará tecnología para reducir posibles afectaciones a la población civil.
“Voy a dar la orden de bombardear todos los campamentos narcoterroristas, haciendo uso de la tecnología disponible para evitar el menor impacto en la población civil, pero los bombardeos vuelven”, expresó.
De la Espriella fue más allá y aseguró que, de llegar al poder, instruirá a las Fuerzas Militares para atacar aeronaves y embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
“Voy a dar la orden de hundir todas las lanchas que salgan por el Caribe, por el Pacífico y por el Golfo de Urabá”, sostuvo.
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Además, señaló que respaldaría operaciones contra aeronaves que, según las autoridades, sean utilizadas para sacar droga del país.
Las propuestas son similares a las políticas de “mano dura” impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente por su discurso militar contra el narcotráfico y las medidas agresivas de seguridad fronteriza.
Las declaraciones también incluyeron fuertes comentarios sobre cómo enfrentaría posibles escenarios de protestas violentas en Colombia. El candidato afirmó que respetará las manifestaciones pacíficas, pero aseguró que actuará con severidad frente a actos vandálicos o ataques contra la fuerza pública.
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“El que quiera salir pacíficamente que lo haga, pero el que me cierre vías, el que atente contra la infraestructura o ataque a la fuerza pública, va a saber lo duro que muerde el tigre”, manifestó.
Uno de los apartes que más controversia generó ocurrió cuando habló sobre situaciones en las que manifestantes intenten incendiar estaciones de Policía o atacar uniformados. “Una persona que viene a incendiar un tanque tiene que ser dada de baja si no se detiene”, afirmó.
Frente a este tipo de planteamientos, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de promover respuestas letales desde el Estado. Human Rights Watch ha señalado en informes sobre Colombia que “las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”.
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La organización también advirtió que “la violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”.
Finalmente, el candidato insistió en que no será “tibio” frente a hechos violentos y aseguró que los policías tienen derecho a defenderse cuando sus vidas estén en riesgo.