La canciller Rosa Yolanda Villavicencio confirmó que este martes se desarrollará una reunión con Jhon McNamara, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, con el fin de presentar una nota verbal de rechazo a las injurias y amenazas que se han hecho contra Colombia y contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.
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La ministra de Relaciones Exteriores explicó que el encuentro hace parte de las acciones diplomáticas del Gobierno nacional para expresar su posición frente a los señalamientos dirigidos al país y al jefe de Estado.
Durante su declaración, la canciller reiteró que “una ofensa al presidente es una ofensa al país”, y afirmó que este tipo de hechos “representa un desconocimiento de todos los procesos democráticos que se han hecho en Colombia”.
Villavicencio indicó que la nota verbal será presentada a través de los canales diplomáticos correspondientes, en el marco del respeto a las relaciones bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos.
Ministro de Justicia (e) denunció ante la Corte Suprema a tres congresistas por presuntamente incentivar intervención militar extranjera
De acuerdo con el ministro Andrés Idárraga la representante Lina Garrido y los senadores Jota P. Hernández y María Fernanda Cabal habrían incurrido en el delito “de Menoscabo de la Integridad Nacional (art. 455 C.P.) al invitar o incentivar a una intervención militar extranjera”
A través de su cuenta de X, el titular encargado de la cartera de Justicia aseguró que “no es opinión: es un acto de hostilidad y rompe la inviolabilidad parlamentaria al no tener nexo con la función legislativa”.
El artículo 455 del Código Penal colombiano, al que hace referencia el ministro Idárraga, establece: “El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuarenta (540) meses”.
De acuerdo con Idárraga, “la autodeterminación no se negocia. La investidura congresional no es licencia para legitimar injerencias externas. El Estado de Derecho se defiende, no se entrega”.
“Colombia no se entrega. La autodeterminación se defiende. El Estado de Derecho es innegociable”, concluyó.