En Colombia hay una economía que durante décadas funcionó en silencio. No aparece en nóminas ni en facturas, pero sostiene hogares enteros. Está en las horas dedicadas a cuidar niños, acompañar adultos mayores, preparar alimentos, organizar la vida familiar. Y tiene rostro de mujer.
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Hoy esa realidad ya no es invisible. Gracias a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, el país reconoce que el trabajo de cuidado no remunerado representa cerca del 20% del Producto Interno Bruto, una cifra que supera sectores tradicionales como el comercio o la industria manufacturera. Es decir, una quinta parte de la economía nacional descansa sobre labores que históricamente no han sido pagadas ni reconocidas.
Pero más allá del dato, la conversación está cambiando. El Viceministerio de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad y Equidad, presentó recientemente avances que buscan convertir ese reconocimiento en políticas concretas, autonomía económica y protección real.
Mujeres que sostienen hogares y generan economía
En Colombia, más del 52% de los hogares son sostenidos por mujeres. Son jefas de hogar que combinan el cuidado con la generación de ingresos, muchas veces en contextos de vulnerabilidad.
Frente a esa realidad, se han destinado más de 37.000 millones de pesos para fortalecer economías populares y proyectos productivos liderados por mujeres. Actualmente, más de 5.200 mujeres participan en iniciativas que incluyen entrega de activos, capacitación y acompañamiento técnico.
El enfoque no es solo financiero. También es territorial y diferencial. En departamentos como Cauca y Nariño se impulsan proyectos con mujeres indígenas bajo principios de soberanía alimentaria, mientras que programas específicos han acompañado a 2.800 mujeres cabeza de hogar en 13 departamentos y a 1.600 mujeres vinculadas a actividades sexuales pagas, junto con 160 organizaciones.
Cuando una mujer accede a ingresos propios, no solo mejora su calidad de vida. Se transforma el entorno.
Mujeres, paz y liderazgo territorial
La guerra en Colombia también tuvo un impacto desproporcionado sobre las mujeres. Violencia sexual, desplazamiento y trata son parte de esa historia. Pero también lo es la resistencia.
El Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, construido con la participación de más de 1.500 mujeres y que compromete a 33 entidades del Estado, registra avances en el 77% de sus 105 acciones. No es solo un documento técnico: es una hoja de ruta para reconocer a las mujeres como actoras centrales en la construcción de paz territorial.
En paralelo, el liderazgo ambiental femenino comienza a ocupar espacio institucional. En múltiples territorios, mujeres defienden ríos, selvas y montañas frente a economías ilegales y proyectos extractivos. Ese liderazgo, que nació en lo local, ahora encuentra respaldo estatal.
Donde el Estado llega para proteger y transformar vidas
Las mujeres en actividades sexuales pagas enfrentan múltiples formas de violencia, discriminación y exclusión que afectan el ejercicio pleno de sus derechos, su autonomía y sus posibilidades de construir proyectos de vida dignos.
Reconociendo que se trata de una población diversa, atravesada por factores como la edad, la condición socioeconómica, el origen étnico-racial, el territorio y otras desigualdades estructurales, la estrategia Actividades Sexuales Pagas Diversas y Diferenciales promueve un enfoque interseccional para fortalecer la protección integral de sus derechos. Su objetivo es avanzar en la erradicación de las violencias y las prácticas de estigmatización, facilitar el acceso a educación, salud, vivienda, generación de ingresos y alternativas de vida, así como garantizar una respuesta institucional pertinente, efectiva y respetuosa.
Para ello, la estrategia se desarrolla a través de tres componentes fundamentales: la prevención de violencias y discriminación, la promoción de alternativas de vida y el fortalecimiento del acceso a derechos y a condiciones de vida digna, contribuyendo a que las mujeres vivan con mayor seguridad, autonomía y reconocimiento social.
Salvia es una estrategia del Gobierno nacional para la prevención del feminicidio y la eliminación de las violencias basadas en género, diseñada para fortalecer la respuesta institucional y garantizar una atención oportuna a las víctimas.
A través de su Centro de Monitoreo, un equipo interdisciplinario de profesionales brinda orientación, registra y acompaña los casos, activa las rutas de atención en articulación con las entidades competentes y realiza seguimiento permanente para identificar barreras de acceso y generar alertas que permitan una respuesta más efectiva.
La estrategia está dirigida a mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencias basadas en género, familiares de víctimas de feminicidio, personas responsables de estas violencias y servidores públicos encargados de su atención. Con presencia en los 32 departamentos del país mediante enlaces territoriales, Salvia contribuye a fortalecer la protección de los derechos, la coordinación institucional y el acceso a la justicia y a los servicios de atención integral en todo el territorio nacional.
La continuidad de estos procesos dependerá en gran medida de las decisiones que tomé el Congreso de la República previo al 20 de junio. En los territorios históricamente excluidos esperan que los debates den luz verde a la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, la primera entidad que se constituyó desde ceros en los últimos 100 años para atender sus necesidades y garantizar sus derechos.