Las denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá volvieron a sacudir el debate sobre las condiciones carcelarias y los controles del sistema penitenciario en Colombia. Un informe revelado por el programa Testigo Directo expuso testimonios de internas que aseguran que dentro del centro penitenciario estaría funcionando un supuesto negocio de contenido para adultos webcam, operado por algunas reclusas desde sus propias celdas.
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La investigación generó polémica debido a que, según las denuncias, las mujeres privadas de la libertad tendrían acceso a celulares, cámaras e incluso conexiones a internet, elementos que se encuentran prohibidos dentro de las cárceles colombianas.
Polémica en cárcel El Buen Pastor de Bogotá: internas denuncian negocio webcam y cobros millonarios
De acuerdo con los relatos entregados al programa, la difícil situación económica y las precarias condiciones dentro del penal habrían llevado a varias internas a buscar formas alternativas de obtener dinero para cubrir necesidades básicas como alimentos, productos de aseo o ayudas para sus familias.
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Una de las reclusas aseguró en tercera persona que muchas mujeres permanecen abandonadas y deben esperar hasta tres meses para recibir un kit básico de aseo.
“Manifestó que había internas que ni siquiera recibían encomiendas y que resultaba triste ver cómo algunas no tenían ni un rollo de papel higiénico”, relató la mujer durante el reportaje.
Según explicó, la falta de apoyo familiar provoca que varias internas recurran a intercambios y actividades informales dentro de la prisión para sobrevivir diariamente.
La denuncia tomó mayor fuerza cuando otra interna reveló que algunas mujeres estarían trabajando en presuntos espacios adaptados para realizar transmisiones webcam desde el interior de la cárcel.
“Explicó que podían existir uno, dos o hasta tres espacios destinados para realizar contenido para adultos y que las internas se turnaban para trabajar”, indicó la reclusa en el programa.
Según el testimonio, las mujeres utilizarían estas transmisiones como una forma de conseguir dinero para pagar encomiendas o ayudar económicamente a sus familiares desde prisión.
“Comentó que algunas internas decían que debían trabajar porque no tenían dinero para recibir productos básicos y por eso decidían mostrar su cuerpo a cambio de pagos”, relató.
La mujer aseguró además que el dinero obtenido sería utilizado tanto para comprar productos dentro de la cárcel como para enviar recursos económicos a sus familias fuera del penal.
Las denuncias también dejaron al descubierto los elevados costos que, presuntamente, se manejan dentro del centro penitenciario. Una de las internas afirmó que una simple lata de atún podría costar hasta 30 mil pesos, mientras que una bolsa de leche alcanzaría valores cercanos a los 50 mil pesos.
El reportaje reavivó además las críticas sobre las economías ilegales que, según diferentes denuncias, operan dentro de varias cárceles del país.
El exdirector de prisiones, Germán Ricaurte, aseguró en tercera persona que dentro de los centros penitenciarios “todo tiene precio” y que se comercializan distintos servicios y privilegios por millonarias sumas de dinero.
“Expresó que si una persona quería ingresar o sacar documentos, acceder a determinados beneficios o incluso recibir tratos especiales, debía pagar”, indicó Ricaurte durante la entrevista.
El exfuncionario aseguró que algunos cobros ilegales dentro de las cárceles podrían alcanzar cifras millonarias. Según explicó, una cama dentro de determinados patios podría costar hasta dos millones de pesos, mientras que un supuesto “trato especial” llegaría incluso a cinco millones.
Además, denunció que para algunos trabajos dentro de restaurantes o zonas internas también existirían pagos y bonificaciones ilegales.
Tras conocerse el informe, en redes sociales cientos de usuarios reaccionaron cuestionando los controles del Inpec y preguntando cómo sería posible el ingreso y funcionamiento de equipos tecnológicos dentro de una prisión.
Hasta el momento, el Inpec no se ha pronunciado oficialmente frente a las denuncias reveladas por Testigo Directo.
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Mientras tanto, el caso volvió a poner sobre la mesa las problemáticas estructurales del sistema penitenciario colombiano, donde las denuncias por corrupción, ingreso de celulares, extorsiones y economías ilegales continúan generando preocupación entre ciudadanos y autoridades.