La situación de más de 2.000 empleados de Lili Pink mantiene en vilo al sector comercial tras el reciente allanamiento de la Fiscalía General de la Nación, en medio de una investigación por lavado de activos y contrabando que ha sacudido a esta reconocida empresa de ropa interior femenina en Colombia.
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El operativo, que incluyó la incautación de bienes y locales comerciales, ha generado incertidumbre entre los trabajadores, quienes ahora enfrentan un panorama laboral incierto. Desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE), su presidenta, Amelia Pérez Parra, confirmó que la entidad ya acompaña el proceso y advirtió posibles irregularidades por parte de los directivos de la compañía.
SAE advierte abandono de empleados tras allanamiento a Lili Pink por contrabando y lavado de activos
“Desde la Sociedad de Activos Especiales estuvimos acompañando a la Fiscalía General de la Nación en la incautación de la sociedad Lili Pink y de las que esta depende”, explicó la funcionaria, quien además anunció que se solicitará el acompañamiento de los entes de control para verificar el estado de la empresa.
La preocupación central gira en torno al futuro de los trabajadores. Pérez Parra fue enfática al señalar que “es una preocupación tanto del Ministerio del Trabajo como de esta sociedad, la suerte de las más de 2.000 empleadas”, revelando además un hecho que ha incrementado la polémica: “tenemos conocimiento que las directivas de la sociedad Lili Pink supieron de las diligencias que se iban a desarrollar (...) y dejaron abandonadas a su suerte a las empleadas”.
En cuanto a los bienes incautados, la SAE informó que asumirá su administración una vez finalice el proceso de incautación. La entidad detalló que el futuro de la operación dependerá de un análisis integral. “El plan de administración (...) dependerá del diagnóstico integral sobre el estado financiero, contable, contractual, laboral y la capacidad productiva de la marca”, indicó la entidad, subrayando que el objetivo es garantizar la sostenibilidad de la operación y la protección de los activos.
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Asimismo, la SAE confirmó que ya se han adelantado reuniones con el Ministerio del Trabajo para evaluar las condiciones laborales actuales. “La entidad ha sostenido reuniones (...) para evaluar las condiciones laborales en que se encuentran los empleados y avanzar en acciones que contribuyan a la garantía de sus derechos”, señalaron.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación sostiene que cuenta con pruebas contundentes que vincularían a la empresa con un entramado de operaciones ilegales. Según el ente investigador, Lili Pink habría participado en el lavado de más de 730.000 millones de pesos, mediante el uso de empresas fachada e importaciones simuladas.
La investigación apunta a la existencia de un conglomerado empresarial que operaba bajo apariencia legal. Estas compañías habrían sido utilizadas para ingresar mercancía al país y justificar movimientos financieros de gran magnitud. Además, se habrían implementado estrategias como la fragmentación de transacciones, simulación de relaciones comerciales y evasión de controles aduaneros.
Las cifras del caso son contundentes: además del presunto lavado de activos, la Fiscalía habla de un posible enriquecimiento ilícito superior a los 430.000 millones de pesos y contrabando por más de 75.000 millones, junto a decomisos que superan los 54.000 millones.
Como parte de las medidas judiciales, se ordenó la extinción de dominio sobre 405 locales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad, mientras avanzan órdenes de captura contra los presuntos responsables.
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En medio de este complejo escenario, la incertidumbre persiste. Mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial, miles de trabajadores esperan respuestas claras sobre su futuro, en un caso que podría convertirse en uno de los más grandes escándalos empresariales recientes en Colombia.