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Uribe estalló por nueva cifra de falsos positivos de la JEP: tildó de “indigno” a Petro y lanzó dura acusación

El expresidente llamó “mentirosos” a Petro y Cepeda y agitó el debate, mientras la investigación señala que estos crímenes ocurrieron durante su gobierno.

Uribe defendió a Antioquia de Petro y Cepeda por supuesto odio
Uribe - Cepeda - Petro Captura 'X': Iván Cepeda - Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una fuerte ofensiva contra el presidente Gustavo Petro y el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, calificándolos de “mentirosos” e “indignos” l la reciente actualización de cifras de ejecuciones extrajudiciales presentada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante una gira por el sur del Cesar y Santander, el exmandatario cuestionó la veracidad de los datos que vinculan su administración con el asesinato sistemático de civiles, conocidos como “falsos positivos”.

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El pronunciamiento de Uribe se da como respuesta directa a la revelación de la JEP, que documentó un total de 7.837 víctimas de este crimen entre 1990 y 2016, lo que representa un incremento de 1.435 casos adicionales frente al registro anterior de 6.402. La controversia escaló luego de que el senador Iván Cepeda exigiera justicia, vinculando directamente el grueso de estas muertes al periodo de la Seguridad Democrática.

“Petro es un indigno de la presidencia”: el duro descargo de Uribe

Desde Santander, Uribe defendió su política de Seguridad Democrática de ese entonces, asegurando que, bajo su mando, se tomaron medidas contra los militares que “se desviaron”, aunque el tribunal transicional documenta que Antioquia fue el epicentro del horror con 1.932 casos bajo sus administraciones.


“Petro es un indigno de la presidencia por mentiroso de todos los días. Cepeda es un hipócrita de los derechos humanos. En el gobierno mío el país mejoró, no quedó perfecto. También cometí errores. Infortunadamente, algunos miembros de las Fuerzas Armadas se desviaron. Hubo violaciones de derechos humanos que las sancioné todas”, afirmó Uribe de manera tajante ante sus simpatizantes.

Según el exmandatario, su gestión retiró a 27 altos comandantes y dejó a 600 militares en prisión, cifras que utilizó para contrastar con lo que llamó el “cuento” de la JEP sobre los jóvenes asesinados.

JEP pone la lupa sobre Antioquia y la cadena de mando

Mientras el expresidente arremete contra el Ejecutivo y el candidato a la Casa de Nariño, los datos de la JEP revelan una realidad territorial crítica. El magistrado Pedro Elías Díaz Romero precisó que Antioquia continúa siendo el epicentro de esta tragedia. La investigación ha logrado determinar una coordinación criminal entre unidades militares, como la Decimoséptima Brigada, y grupos paramilitares en la región de Urabá durante los años 2004 y 2005.

A pesar de que Uribe insiste en que las cifras corresponden a un periodo de muchos años, la JEP ha centrado sus esfuerzos en documentar la cadena de mando nacional entre 2005 y 2008, años en los que se concentró el mayor pico de estas ejecuciones. Hasta el momento, 21 generales han sido imputados y siete de ellos ya aceptaron su responsabilidad ante el tribunal.

La contraacusación: Uribe señala 21.000 muertes en el gobierno Petro

Frente a todo esto, Álvaro Uribe lanzó una cifra, acusando al actual gobierno de permitir una nueva ola de violencia. Según el líder del Centro Democrático, el terrorismo ha crecido bajo la política de paz total.

“Quieren tapar que en el gobierno Petro han asesinado más de 21.000 jóvenes. No es sino revisar las cifras oficiales, las cifras de la justicia. Han permitido en estos años que el terrorismo se robe en un año la producción de combustibles de Colombia en un día. Colombia puede escoger: la continuidad de Petro y Cepeda, que es la continuidad del terrorismo, o la libertad democrática”, aseguró Uribe.

Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, aclaró que aunque no hay un llamado obligatorio inmediato para los expresidentes Uribe y Santos, ambos pueden presentarse voluntariamente para aportar verdad en un proceso que busca cerrar sus macrocasos entre 2026 y 2027.

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