La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración operativa y financiera de 405 locales de la cadena de lencería y ropa femenina Lili Pink. La intervención estatal responde a un operativo de la Fiscalía General de la Nación, que impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio al detectar una presunta red de contrabando y lavado de dinero estructurada detrás de la marca comercial.
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La instalación de sellos con la advertencia de “bien ocupado” en las vitrinas de múltiples ciudades generó incertidumbre inmediata sobre eventuales despidos masivos y el cierre definitivo de los puntos de venta. Frente a este panorama, información confirmada por Noticias Caracol detalló que los locales mantendrán su atención al público de manera habitual y no habrá cese de actividades.
La decisión de continuar con la operación comercial obedece a un protocolo legal, ya que hasta el momento el ente acusador carece de facultades jurídicas para administrar negocios activos. Por esto, la SAE toma el control temporal de la nómina, los inventarios y las obligaciones financieras. Esta figura garantiza el pago de salarios y la estabilidad de los trabajadores mientras avanza el pleito en los tribunales, aunque se trata de una gestión estrictamente transitoria.
El entramado financiero detrás de la marca
Los informes oficiales indican que la empresa habría funcionado como una fachada corporativa. Según reveló Blu Radio, identificaron la ejecución de maniobras diseñadas para evadir controles aduaneros, fragmentando las transacciones mercantiles con el objetivo de dificultar el rastreo de flujos de capital en el sistema bancario.
La presunta red utilizaba un esquema basado en importadoras de papel y sociedades ficticias. Estas figuras jurídicas permitían ingresar mercancía de contrabando al país y blanquear capitales de origen ilícito, simulando el éxito orgánico de la compañía.
En un reporte institucional citado por la emisora Blu Radio, la Fiscalía dimensionó las irregularidades detectadas en la contabilidad: “En el curso de la investigación fueron documentadas conductas como lavado de activos por 730.000 millones de pesos y enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones”.
El impacto de las medidas cautelares trasciende las tiendas físicas ubicadas en los centros comerciales. El inventario de propiedades intervenidas por las autoridades abarca 40 inmuebles particulares, ocho vehículos de uso corporativo y la personería jurídica de una sociedad matriz, elementos que conforman la base patrimonial de la compañía.
El funcionamiento actual de Lili Pink no asegura su continuidad a futuro, ya que todos los activos incautados quedaron a disposición de un juez especializado. Si durante el juicio se comprueba el origen ilícito del patrimonio o su uso para el lavado de dinero, se emitirá una sentencia de extinción de dominio. Este fallo trasladaría la propiedad absoluta de la empresa al Estado colombiano, instancia en la cual se determinará si la marca es liquidada definitivamente o subastada a terceros.