El CTI de la Fiscalía General de la Nación materializó la primera captura dentro del proceso penal por presunto lavado de activos y contrabando que involucra a la cadena de tiendas Lili Pink. Además de esta detención, cuya identidad e implicación específica se mantienen bajo estricta reserva judicial, los investigadores confirmaron que existen siete órdenes de captura adicionales listas para ser ejecutadas en los próximos días, marcando una nueva y decisiva fase en el expediente.
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Las detenciones responden a los hallazgos de un megaoperativo ejecutado en 405 establecimientos comerciales ubicados en 59 municipios de Colombia. El rastreo financiero del ente acusador apunta a un presunto blanqueo de capitales que asciende a los 730.000 millones de pesos, sumado a un enriquecimiento ilícito a favor de particulares que superaría los 430.000 millones de pesos a través de la comercialización de productos textiles.
¿Cómo se destapó a los requeridos por la justicia?
Para lograr la identificación de las personas que hoy tienen orden de captura, el uso de tecnología estatal fue determinante, pues según documentó el diario El Colombiano, la estrategia se centró en ‘el Ojo de la Dian’, esto es un sistema de monitoreo continuo que vigiló en tiempo real las actividades de los funcionarios de la entidad aduanera.
Durante la investigación, se evidenciaron accesos inusuales a bases de datos y consultas de información que no correspondían a las funciones legales de los operadores. Estas pistas digitales revelaron el mecanismo utilizado para la aparente nacionalización irregular de las mercancías.
La Fiscalía precisó el rol de los implicados en el esquema comercial: “Los elementos materiales probatorios indican que la organización delictiva habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos”. Posteriormente, estos artículos se distribuían en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a las finanzas.
Junto a las capturas, las autoridades afectaron las finanzas de la estructura con la incautación de 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad comercial, bienes que ya se encuentran bajo un proceso de avalúo.
Incertidumbre laboral: el impacto en los trabajadores de la marca
El avance de las órdenes de captura genera un fuerte impacto social respecto a la estabilidad de miles de trabajadores que dependen directa e indirectamente de las ventas en los locales allanados. Ante esta situación, la sociedad operadora de Lili Pink, emitió un pronunciamiento oficial indicando que se adelantan las gestiones correspondientes ante las entidades legales y regulatorias.
En su comunicación, la compañía solicitó a la Fiscalía proteger la marca, con más de 20 años de trayectoria comercial, priorizando el bienestar de su nómina. “A las autoridades competentes, Fiscalia General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana (...) Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”, puntualizaron las directivas, reiterando que trabajan coordinadamente con asesores jurídicos en medio del proceso judicial en curso.