Una nueva controversia sacude la campaña presidencial rumbo a la segunda vuelta electoral. La periodista Laura Ardila, autora del libro La Costa Nostra, denunció que desde dependencias de la Alcaldía de Barranquilla estarían solicitando a contratistas conseguir entre 30 y 50 votos para respaldar la candidatura de Abelardo De La Espriella.
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La denuncia fue divulgada a través de redes sociales y reavivó el debate sobre el papel de las maquinarias políticas en la recta final de la campaña. Según Ardila, la presunta estrategia involucra a contratistas vinculados a oficinas como Cultura Ciudadana, Participación Ciudadana y la Institución Universitaria de Barranquilla, quienes estarían recibiendo solicitudes para presentar listados de personas comprometidas con votar por el candidato presidencial.
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De acuerdo con la periodista, a los contratistas les estarían exigiendo bases de datos con entre 30 y 50 votantes. Los registros incluirían información detallada como nombres completos, números de cédula, dirección de residencia, barrio, municipio y teléfonos de contacto.
Según la denuncia, los listados serían recopilados por coordinadores encargados de verificar que los datos correspondan efectivamente a cada ciudadano registrado. Además, algunas personas incluidas en las listas recibirían llamadas aleatorias para confirmar la intención de voto y verificar la información suministrada.
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Ardila aseguró que el procedimiento guarda similitudes con mecanismos electorales utilizados anteriormente en campañas asociadas a estructuras políticas tradicionales del departamento. La periodista señaló que las listas, presuntamente, deben enviarse mediante chats individuales con el fin de evitar rastros o registros colectivos de la operación.
La denuncia también recordó un caso expuesto durante las anteriores elecciones legislativas, cuando el medio La Contratopedia reveló la existencia de un sistema de movilización electoral que incluía bases de datos, llamadas de verificación y herramientas tecnológicas destinadas a consolidar apoyos para candidatos respaldados por sectores políticos de la región.
En aquella oportunidad, según las investigaciones periodísticas citadas, cada contratista o funcionario debía confirmar decenas de votos mediante contactos telefónicos directos. Posteriormente, la información era cargada en un software que permitía medir la efectividad de cada listado entregado y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas asignadas.
La denuncia surge en un momento clave para la campaña presidencial. Barranquilla es considerada una de las ciudades estratégicas para la definición de la segunda vuelta debido a su peso electoral y al importante número de votantes que no participaron en la primera jornada electoral.
Según análisis citados por medios nacionales, en la capital del Atlántico quedaron cerca de 36.000 votos sin movilizar distribuidos en decenas de puestos de votación. Ese potencial electoral ha convertido a la ciudad en un escenario determinante para los aspirantes que buscan llegar a la Casa de Nariño.
La polémica también se produce en medio de las constantes especulaciones sobre el respaldo político que estaría recibiendo Abelardo De La Espriella en la región Caribe. Aunque durante buena parte de la campaña ese apoyo se había manejado de manera discreta, la denuncia de Ardila vuelve a poner bajo la lupa las relaciones entre sectores políticos locales y la contienda presidencial.
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Hasta el momento, ni la Alcaldía de Barranquilla ni la campaña de Abelardo De La Espriella se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones difundidas por la periodista. Entretanto, el debate continúa creciendo en redes sociales y en distintos sectores políticos del país.