En Cúcuta, Norte de Santander, La Fiscalía General puso al descubierto a una red criminal señalada de comercializar a gran escala medicamentos adulterados para enfermedades de alta complejidad. Trece personas que harían parte de esta organización fueron judicializadas por, presuntamente, poner el riesgo la vida y la salud de pacientes colombianos y de otros países de la región.
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Según las pruebas encontradas, los productos que comercializaba esta red estaban vencidos, deteriorados y descontinuados, y eran obtenidos en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para luego modificarlos y hacerlos pasar por medicamentos legítimos. Posteriormente, los vendían para tratamientos para el cáncer, el VIH, la diabetes, el lupus, la obesidad, los problemas hormonales y de crecimiento.
Se conoció que este grupo delincuencial habría contratado a una empresa de impresiones para falsificar los empaques y sellos, eliminar los registros caducados, poner fechas nuevas de expiración y lotes de fabricación. Con su apariencia modificada, comercializaban los medicamentos por redes sociales y grupos cerrados creados en sistemas de mensajería, y coordinaban su envío como encomiendas a diferentes ciudades del país, al igual que a Venezuela y Ecuador.
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En la capital de Norte de Santander y su área metropolitana concentraban la distribución en droguerías de barrios y de manera informal a pacientes que buscaban medicamentos a menor costo.
En Bogotá, Cúcuta y Pelaya (Cesar) fueron capturados trece de los posibles integrantes de la red. Los señalados son el presunto cabecilla del entramado ilegal, Domingo Antonio Gutiérrez; y los presuntos encargados de la coordinación, comercialización y transporte, entre otros roles, identificados como María del Carmen González, Leonardo André Pineda Galvis, Miller Sáenz Valderrama, Johan Alexis Pérez Acevedo, Diana Carolina Ordoñez García, Jairo Andrés Sarabia Pérez, Miguel Ángel López Ordoñez, Jeimmy Carolina Sandoval Hoyos, Patricia Parra Díaz, Gerson Yovanni Leal García, Robinson David Corredor Díaz y Andrea Mariana Varenzuela Sevilla.
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Un fiscal de la Unidad de Patrimonio Económico de la Seccional Norte de Santander los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial, usurpación de derechos de propiedad intelectual y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Los cargos no fueron aceptados.