En el marco del consejo de ministros, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un balance preliminar sobre el impacto del frente frío y la ola invernal que afecta amplias regiones del país, así como las medidas fiscales y financieras propuestas para atender la emergencia y acelerar la recuperación.
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El reporte evidencia la magnitud del choque climático: 65 emergencias registradas, 53 de ellas por inundaciones en 61 municipios de ocho departamentos, con más de 69.000 familias afectadas y 10 fallecidos. A esto se suman daños severos en infraestructura crítica como viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud, así como la afectación de cerca de 20.000 hectáreas productivas y la destrucción de más de 4.100 viviendas.
El costo estimado para la atención y recuperación asciende a 8 billones de pesos, lo que plantea un desafío significativo para las finanzas públicas y exige la movilización urgente de nuevas fuentes de recursos.
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Financiación extraordinaria para la emergencia climática
Tras la suspensión de medidas tributarias previas por parte de la Corte Constitucional de Colombia, el Gobierno de Colombia propuso un nuevo esquema de financiación mediante decreto de emergencia, con el objetivo de garantizar liquidez inmediata para atender la crisis.
La medida contempla la creación de un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas, con una tarifa general del 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (equivalentes a aproximadamente 10.474 millones de pesos) y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético. De acuerdo con las proyecciones, el 56% del recaudo provendría de estas dos actividades, dada su alta capacidad contributiva.
Este instrumento busca asegurar recursos en el corto plazo, permitiendo financiar la atención humanitaria, la rehabilitación de infraestructura y la reactivación productiva en las zonas afectadas, sin comprometer la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.
Alivios financieros y retos para la recuperación productiva
El gobierno hizo un llamado a las entidades financieras para adoptar medidas complementarias y los representantes del sector propusieron salidas como periodos de gracia para los afectados y suspensión de cobros jurídicos.
El paquete de alivios contempla un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, conservación de la calificación crediticia y suspensión de cobros, incluso para cartera en mora, además de atención prioritaria y educación financiera, precisó el Ministerio de Hacienda.
También el gobierno pidió reducción de tasas de interés en líneas de economía popular y fortalecimiento del crédito asociativo, decisiones que se podrán incluir próximos decretos.
El alto funcionario anticipó que continuará trabajando en nuevos decretos complementarios para garantizar los recursos necesarios y atender integralmente la emergencia en los territorios afectados