La posición y reconocimiento del que gozaba John Jairo Leguia González, en su condición de pastor de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, habrían sido aprovechados para engañar y abusar sexualmente de mujeres que asistían a su iglesia.
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La Fiscalía General de la Nación recopiló varias denuncias y obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de que el guía espiritual citaba a feligreses y les proponía realizar supuestos rituales de sanación en los que debían desnudarse para aplicarles un aceite ungido.
En medio del estado de indefensión en el que quedaban las víctimas que depositaban su confianza y creían en los consejos, el hombre presuntamente las persuadía y coaccionaba para someterlas sexualmente, con la idea de que todo hacía parte del rito. De esta manera, al parecer, sometió a por lo menos cuatro mujeres.
Por estos hechos, un fiscal del Centro Atención Integral Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés Islas imputó a Leguida González los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.
El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de una juez penal de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Hombre que habría difundido videos con contenido sexual de menores de edad en Huila fue judicializado
Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia el actuar ilegal de Cristian Andrés Puentes Cárdenas, señalado de difundir videos de contenido sexual donde las víctimas eran menores de edad.
En ese sentido, un fiscal de la Seccional Huila le imputó el delito de pornografía infantil con menor de 18 años. En audiencias preliminares el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación que se adelantó en articulación con el Centro Cibernético de la Policía Nacional, entre el 23 de agosto de 2022 y diciembre de 2023, Puentes Cárdenas trasmitió y difundió a través de una red social, videos donde se observaban a adultos cometiendo vejámenes sexuales contra menores de edad.
Dichas transmisiones, al parecer, se habían realizado desde la vivienda del procesado en Gigante (Huila), a cambio de beneficios económicos.