Actividades investigativas orientadas por un Grupo de Tareas Especiales creado en la Fiscalía General de la Nación pusieron al descubierto a una red conformada por funcionarios y particulares, que estaría involucrada en el cobro de dinero para direccionar procesos de lavado de activos que se siguen en la entidad.
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En diligencias realizadas en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta) fueron capturados nueve de los señalados involucrados en el entramado de corrupción.
Se trata de los integrantes de la Dijin de la Policía Nacional, capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.
Estas personas presuntamente aprovecharon los cargos que desempeñaron e hicieron exigencias económicas que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares para evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura, entre otras acciones judiciales en su contra.
La Fiscalía ha documentado hasta el momento eventos delictivos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025. En los casos detectados algunos de los implicados se habrían reunido con los afectados en Bogotá y Villavicencio (Meta) y exhibido información reservada sobre procedimientos que se realizarían para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos.
Asimismo, se conoció que los posibles involucrados en las actividades ilícitas, que desarrollaban funciones de policía judicial, alcanzaron a eliminar elementos materiales probatorios y evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones, y constriñeron testigos para que entregaran datos falsos sobre los familiares del hombre que cumplió pena en Estados Unidos, en retaliación porque no pagaban las sumas solicitadas.
También son señalados de intimidar a uno de los investigadores líderes para que les permitiera acceder a detalles de los procesos de su interés.
Por todo lo anterior, fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que hacen parte del Grupo de Tareas Especiales conformado con ocasión de los actos ilegales identificados, imputarán a los capturados, de acuerdo con su presunta participación, los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.