El alcalde de Pujilí, José Arroyo, se encuentra en el centro de un intenso debate en Ecuador tras ser arrestado junto a otras 16 personas por un presunto caso de peculado. La Fiscalía inició una investigación por irregularidades en adjudicaciones de obras públicas, que culminó con la detención del funcionario en la madrugada del jueves en la provincia andina de Cotopaxi.
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Sin embargo, lo que ha captado la atención nacional es un detalle inesperado que salió a la luz durante el proceso de detención. Al ser preguntado por un agente policial sobre cómo deseaba ser tratado, Arroyo respondió: “Como mujer, por favor”. Esta declaración llevó a que la revisión corporal fuera realizada por una agente femenina, revelando que el alcalde figura en su documento de identidad con el sexo femenino. Según la cadena Ecuavisa, este cambio en el registro oficial se realizó en octubre de 2024, meses después de que la Fiscalía iniciara la investigación en su contra.
Organizaciones LGTBIQ+ alertan por uso indebido de la normativa
La revelación ha generado una fuerte reacción de organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, que han denunciado un posible “uso indebido” y “oportunista” de la normativa vigente sobre cambio de sexo o género en Ecuador. En un comunicado conjunto, agrupaciones como Silueta X y la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ señalaron que el alcalde se ha declarado públicamente como gay, pero no como una persona trans.
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Las organizaciones contrastaron el caso de Arroyo con las prácticas habituales de las personas trans, que buscan alinear su identidad de género con su autopercepción. Denunciaron que, mientras el Registro Civil suele poner obstáculos a las personas trans en estos trámites, en este caso se habría permitido a una persona cisgénero realizar un cambio parcial en su documento, lo que, según ellos, “refuerza estigmas y dificulta el acceso equitativo al reconocimiento legal”.
Investigación y debate sobre el futuro del alcalde
Ante la controversia, los colectivos han instado al Registro Civil a que investigue el caso de manera transparente y revise sus políticas internas, para garantizar que los cambios de género y nombre se apliquen de forma justa y con prioridad para quienes realmente lo necesitan, en el marco de sus derechos.
Mientras la polémica crece, la audiencia de formulación de cargos contra Arroyo continuó hasta la tarde del viernes en la Corte Provincial de Pichincha. Uno de los puntos clave a definir, en caso de dictarse prisión preventiva, es si el alcalde sería enviado a un centro de detención para mujeres o para hombres, un hecho sin precedentes en el país.
José Arroyo llegó a la alcaldía de Pujilí en 2023 con un respaldo masivo del 63,71 % de los votos. Sin embargo, su gestión ya estaba bajo la lupa de la Contraloría por denuncias de concejales. Ahora, el caso judicial y el debate por su identidad de género legal mantienen al municipio de Pujilí en el centro de la atención nacional.

