El actual ministro de Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez, será llevado a juicio por su presunta participación en uno de los escándalos más sonados de corrupción en la capital del país: el carrusel de la contratación de Bogotá, ocurrido en 2009. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó las solicitudes de nulidad y prescripción presentadas por la defensa, lo que permite continuar con el proceso penal en su contra.
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Según el alto tribunal, Sanguino es señalado de incurrir en el delito de tráfico de influencias, por supuestamente interferir para que se realizaran nombramientos a dedo dentro de la estructura administrativa del Distrito, específicamente en el sector salud.
“NEGAR las nulidades planteadas por la defensa del imputado ANTONIO ERESMID SANGUINO PÁEZ. En consecuencia, se dispone continuar con el trámite de la audiencia de formulación de acusación en lo referente a los hechos del año 2009”, señala el documento judicial.
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Señalamientos por el control del Hospital de Usme
Uno de los focos de la investigación es el Hospital de Usme, donde presuntamente Sanguino impulsó el nombramiento de una persona de su círculo cercano, Paternina, con el objetivo de tener influencia directa sobre los contratos de la institución.
“Propósito que tenía una sola finalidad, la de tener el control del citado hospital, especialmente, de la contratación que este debía adelantar; actuando por fuera del deber que tenía como servidor público de proceder con transparencia e imparcialidad para servir a la comunidad que lo eligió”, se lee en el expediente.
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Paternina es investigada por su supuesta participación en el direccionamiento del contrato para la construcción y dotación de la nueva sede del hospital, en hechos que se remontan a más de una década, pero que hoy reviven con fuerza en la agenda judicial del país.
Fuero especial y escenario judicial
Debido a su condición de alto funcionario, Sanguino será juzgado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, como corresponde por su fuero ministerial. Aunque tanto el procesado como la Fiscalía habían solicitado la prescripción del caso, la Corte fue tajante al determinar que el proceso seguirá su curso legal.
Con este nuevo capítulo judicial, el ministro Sanguino se convierte en el primer alto funcionario del actual gabinete en ser llamado a juicio por hechos relacionados con corrupción administrativa. Su defensa ya alista la estrategia legal con la que intentará desmontar las acusaciones.