Una bomba política acaba de detonar en Colombia. El presidente Gustavo Petro anunció que convocará una consulta popular por decreto para revivir su reforma laboral, ignorando la decisión del Congreso. La reacción fue inmediata y furiosa. La representante Katherine Miranda, exaliada del mandatario, lanzó una de las críticas más demoledoras desde que Petro llegó a la Casa de Nariño.
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“Hoy nació el dictador Gustavo Petro. Oficialmente Colombia deja de tener Presidente”, escribió Miranda en su cuenta de X (antes Twitter), marcando un quiebre total con el líder del Pacto Histórico.
El detonante fue el anuncio de Petro en el último consejo de ministros televisado, donde desafió abiertamente al Congreso y a sus opositores: “El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño”.
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Miranda no se guardó nada. “A partir de hoy, nadie que se haga llamar demócrata puede estar al lado de Gustavo Petro. Nos notificó en televisión nacional que se vuelve dictador y pasa por encima de las instituciones”, denunció con vehemencia.
Pero eso no fue todo. La congresista de Alianza Verde también criticó al presidente por ordenar al ministro de Hacienda demandar por inconstitucional el presupuesto nacional... ¡el mismo que su propio gobierno decretó!
“Este gobierno ya es demente”, concluyó, dejando claro que su ruptura con el oficialismo es total.
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Crisis institucional en marcha: ¿Petro sobrepasó los límites del poder?
No solo Miranda levantó la voz. Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal fue aún más contundente: “Esto es un verdadero golpe de Estado”. Para ella, el decreto presidencial vulnera la separación de poderes y amenaza el Estado de derecho.
Cabal hizo un llamado urgente a las otras ramas del poder para frenar lo que considera una arbitrariedad que podría tener consecuencias irreversibles para la democracia colombiana.
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Por su parte, la decisión del presidente reavivó los temores de una posible deriva autoritaria. Mientras tanto, las redes sociales hierven y los analistas advierten: Colombia se enfrentaría a una de sus mayores crisis democráticas del siglo XXI.
¿Qué implica que una consulta popular sea convocada por decreto?
La consulta popular es una herramienta de participación ciudadana que debe cumplir un proceso constitucional y legal específico, tal como lo establecen la Constitución de 1991, la Ley 134 de 1994 (derogada parcialmente por la Ley 1757 de 2015) y la sentencia C-180/94 de la Corte Constitucional.
Estos son los puntos clave de la medida:
1. ¿Quién puede convocarla?
Según el artículo 103 de la Constitución y la Ley 1757 de 2015, el Presidente de la República puede convocar a una consulta popular, pero requiere autorización previa del Senado, mediante un concepto favorable por mayoría absoluta.
2. ¿Puede hacerlo por decreto sin el Congreso?
No. Si el presidente expide un decreto para convocarla sin la autorización del Senado, estaría violando la separación de poderes y el procedimiento legal establecido. Esta acción podría ser considerada inconstitucional y dar pie a demandas ante la Corte Constitucional.
Sentencia C-180/94: La Corte fue clara en señalar que la consulta popular no es un poder unilateral del Ejecutivo.
3. ¿Qué riesgos hay si se ignora al Congreso?
- Se desconoce el papel del Legislativo como contrapeso institucional.
- Se abre la puerta a una crisis de legitimidad y constitucionalidad.
- Podría interpretarse como una ruptura democrática o incluso un golpe a la institucionalidad.
Declaraciones de la Misión de Observación Electoral (MOE) y expertos como Rodrigo Uprimny han advertido sobre este tipo de precedentes.
4. ¿Qué podría pasar si el decreto se firma?
- Podría ser demandado ante el Consejo de Estado.
- Se iniciaría un debate jurídico de alto impacto que podría frenar la consulta.
- Políticamente, aumentaría la polarización y el desgaste del gobierno ante los poderes judicial y legislativo.
