El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló este miércoles los argumentos del gobierno del presidente Gustavo Petro para desconocer la votación del Senado sobre la consulta popular y justificar su lanzamiento por decreto. Según Benedetti, la decisión se sustenta en seis vicios de procedimiento que, a juicio del Ejecutivo, invalidan el pronunciamiento del Senado.
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De acuerdo con Benedetti, los vicios de trámite violaron los principios democráticos y de transparencia consagrados en la Constitución, lo que lleva al gobierno a plantear la inexistencia jurídica de dicha votación. “Aquí están los seis vicios con los cuales se demuestra la inexistencia del pronunciamiento del Senado”, afirmó el ministro, agregando que estas irregularidades sustentan el llamado a la declaratoria de la consulta por decreto.
Gobierno desconoce votación del Senado y justifica consulta popular por decreto con seis irregularidades
Entre los argumentos presentados se encuentra que no existía una proposición clara que definiera el sentido de la decisión sometida a votación, ni se leyó lo que se iba a votar, en violación de los artículos 114.1 y 125 de la Ley 5 de 1992.
Además, el número de votos emitidos (96) no coincidía con el número de congresistas presentes (97), situación que, según el artículo 123.4 de la misma ley, debía llevar al presidente del Senado a anular la votación y ordenarla de nuevo, lo cual no ocurrió.
Otro de los puntos críticos fue el tiempo extremadamente corto de votación, que, según Benedetti, fue inferior al 10% del tiempo reglamentario, impidiendo una deliberación adecuada y vulnerando el principio de regla de mayorías establecido en el artículo 2.3.
También se denunció que el presidente del Senado ignoró una apelación presentada contra el cierre del registro de votantes, violando el artículo 44. A esto se suma que se modificó el sentido del voto de un senador después del cierre de la votación.
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Finalmente, el gobierno sostiene que cinco senadores fueron impedidos de votar, pese a estar presentes y dispuestos a apoyar la iniciativa, lo que representa una clara coartación del derecho al voto.
Con estos elementos, el gobierno argumenta que la votación del Senado carece de validez y que, en consecuencia, tiene la legitimidad jurídica y política para convocar la consulta popular por decreto.
