Una fotografía publicada por el exembajador Moisés Ninco Daza desató una tormenta política en redes sociales y el Congreso: en ella se ve a varios influencers y comunicadores afines al Gobierno aterrizando en Barranquilla a bordo de un avión de la Policía Nacional, para asistir a un evento liderado por el presidente Gustavo Petro.
El hecho ha levantado serias críticas por parte de la oposición, que acusa al Gobierno de usar recursos públicos para transportar lo que denominan “bodegueros digitales” con fines propagandísticos. Desde el Centro Democrático, el representante Hernán Cadavid anunció que pedirá explicaciones formales al Ministerio de Defensa:
“Solicitaremos nos informe por qué razón están transportando a estos bodegueros difamadores en aviones oficiales”.
Desde el oficialismo la respuesta fue inmediata. El propio presidente Petro defendió el uso del avión argumentando:
“Nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales, traquetos, sino periodistas”.
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En la misma línea, María del Mar Pizarro, representante del Pacto Histórico, señaló que el uso de aeronaves estatales por parte de la prensa no es nuevo ni exclusivo:
“¿Acaso los medios alternativos no se pueden transportar en el avión? Ah, pero la prensa tradicional sí no dice nada cuando sus periodistas igual viajan en los aviones de la Policía”.
Para el Gobierno, se trata de una nueva forma de comunicar. La Casa de Nariño ha reforzado su estrategia de divulgación usando medios alternativos y redes sociales para acercar la agenda presidencial a audiencias que no consumen los medios tradicionales.
El influencer Wally, uno de los que hizo parte del vuelo, defendió su presencia:
“Viajamos como toda la vida han viajado medios y periodistas a cubrir los viajes o eventos de los presidentes”.
Pero la controversia va más allá del transporte. Moisés Ninco Daza apuntó que el fondo del debate está en el reordenamiento de los recursos públicos:
“Como le preocupa a las/os voceros del poder en los medios y el Congreso que los recursos de la pauta del Estado y su infraestructura ya no se dedique a las empresas donde trabajan, cuyos dueños son banqueros, sino a la comunicación alternativa y popular”.
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La discusión ya escaló más allá de las redes, y plantea una pregunta de fondo que está dividiendo opiniones: ¿hasta qué punto el Gobierno puede utilizar recursos del Estado para fortalecer su narrativa a través de voceros no tradicionales?