El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional decidió eliminar el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación, manteniendo las tres causales: salud y riesgo de la madre; malformación del feto, y violación o incesto. Una decisión histórica que marcó como ejemplo a América Latina y el Caribe y que se dio, luego de que los magistrados estudiaran una demanda de la organización Causa Justa por la Eliminación del Delito de Aborto en Colombia.
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La sentencia emitida por el alto tribunal, modificó el artículo 122 del Código Penal, pues hasta ese momento, condenaba a la mujer que abortara con hasta 54 meses de prisión.
Tras este fallo trascendental en los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, el Ministerio de Salud emitió la Resolución 051 de 2023 que dejó en claro los términos para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo “bajo estándares de calidad” como “accesibilidad, seguridad, integralidad, pertinencia, satisfacción, eficacia, eficiencia y continuidad”.
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Ya en octubre de 2023, la Corte Constitucional decidió anular dos sentencias de tutela que habían creado confusión y reiteró que el aborto es un derecho.
Por ese mismo mes, se cae el segundo referendo antiaborto liderado por la exconcejal Sara Castellanos, al no cumplir con los requisitos legales ni constitucionales, donde la Registraduría encontró que el 40% de firmas estaban duplicadas o con datos que no correspondían.
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De esta manera, para Ana Cristina González, una de las pioneras del movimiento Causa Justa, “nos corresponde a todas ahora seguir luchando por la defensa de ese derecho y por su efectiva implementación sin barreras. Seguimos tejiendo juntas un movimiento por la libertad”.
Las mujeres jóvenes son quienes más acceden al derecho de aborto
En medio del aniversario de la Sentencia Causa Justa, la Fundación Jacarandas, que busca, entre otros temas, producir información, asesorías y apoyo legal a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, publicó el más reciente informe de dos años de avances y barreras para acceder a este derecho.
Con base en la asesoría a 10.033 personas que contactaron a la Línea Jacarandas entre 2022 y 2023, buscando orientación sobre aborto y, a su vez, realizar acciones jurídicas por barreras de acceso o calidad del servicio, con apoyo del equipo de movilización legal de la Fundación, presentaron los principales hallazgos.
De ese total, 6.121 (61%), escriben con preguntas sobre cómo y en dónde acceder a un aborto; el 11% por violencia de género; el 10% consultas en salud sexual y reproductiva y el 7% son preguntas relacionadas con capacitaciones, entrevistas o trabajos académicos.
En 2022, brindaron en promedio 9 asesorías al día sobre aborto, es decir: 274 al mes, para un total de 1.916 al año. Mientras que en 2023 esta cifra ascendió a 12 diarias, para un total mensual de 350 y 4.205 al año.
Quienes buscaron orientación fueron en su mayoría niñas, adolescentes y mujeres jóvenes menores de 28 años (82%); y el 8% mujeres adultas entre 28 y 49 años. “Han consultado 1.140 mujeres jóvenes menores de 18 años quienes, con el apoyo de Jacarandas, han evitado un embarazo no intencional en su adolescencia”, señala la organización.
Asimismo, el 94% de las mujeres y personas gestantes que han solicitado un aborto lo hacen antes de la semana 12 del embarazo y el 4% entre las semanas 13 y 19. El 1% escribe entre las semanas 20 y 24 de gestación, que en su mayoría son mujeres pobres, rurales o migrantes. Y el 1% de las mujeres se encuentran en alguna de las causales extremas de la Sentencia C-355 de 2006.
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Otra característica de las mujeres que acuden a la Línea Jacarandas es que el 59% son de estratos 1 y 2; el 39% estratos 3 y 4; y el 2% son de estratos 5 y 6. En su mayoría, dichas mujeres están cursando estudios de bachillerato, técnico o universitario.
Las 5 ciudades desde las cuales más consultas se formulan fueron: Bogotá D.C, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga; y gracias a las redes sociales llegar a: Líbano (Tolima), Túquerres (Nariño), Sahagún (Córdoba), Inírida (Guainía) y Santa Rosa de Osos (Antioquia).
¿Cuáles son las barreras de acceso a las que se enfrentan?
En su documento, Jacarandas señala que las barreras para suscribir este derecho son “piedras en el camino que se sienten como muros en el acceso al aborto” y el principal es la desinformación en torno al mismo o barreras de calidad del servicio.
“Hay un desconocimiento de las obligaciones del sistema de salud, el papel de las EPS en garantizar la atención y, en general, sobre los estándares de atención”.
Cuenta de ello es la negación del servicio, que representa el 39% de los casos y en el 34% se reporta violencia reproductiva como maltrato psicológico, trato deshumanizado, abuso en la medicalización, entre otras prácticas. El 30% indica esperas injustificadas superiores a los 5 días calendario reglamentarios y en el 14% las mujeres fueron remitidas a especialistas, por fuera de lo que dice el marco legal.
Uno de los casos que registró la Fundación fue el de Camila de 22 años, quien acudió al Hospital Regional de San Gil en Santander, donde descubrió estar embarazada de 7 semanas y al ser remitida a una cita médica con la doctora Jiménez, esta le dijo que solo podía abortar si había sido violada o maltratada psicológicamente. Condiciones que van en contravía con la sentencia C-055.
Pero esto no fue todo, cuenta que la profesional le hizo comentarios estigmatizantes. “Si quisiera tener hijos, no abortaría”, a lo que generó culpabilidad en Camila y llorara durante la consulta.
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Tras este hecho, la joven acudió a una organización defensora de derechos humanos del municipio, quienes publicaron el nombre de la médica, a lo que se enteró e hizo público su historia clínica a pesar de estar sometida a reserva de Ley.
Días después, Camila acudió a otra consulta donde nuevamente no le brindaron la atención integral y el médico le dije que debían practicarle un legrado, una práctica obsoleta no recomendada por el Ministerio de Salud en la Resolución 051 de 2023.
Finalmente, con el apoyo de Jacarandas, Camila viajó a Bucaramanga y le suministraron los medicamentos para abortar a través de la EPS.
Como este, otros casos fueron escuchados, orientados, pero también asesorados jurídicamente. Entre 2022 y 2023, la Fundación presentó 210 acciones legales: 33 acciones de tutelas, 92 quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud, 77 quejas ante secretarías de salud distrital, municipal o departamental, 7 quejas ante tribunales de ética médica y 1 denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
“Se observa que la SNS y las secretarías de salud, en la mayoría de los casos, no adoptaron medidas efectivas para proteger los derechos fundamentales de las mujeres, evidenciando una ausencia de sanción por los hechos alegados. La acción de tutela ha tenido mejores resultados en comparación con las quejas”, señalan.
De igual manera, las 6 EPS contra las que más se presentaron quejas por su mala atención, barreras de acceso o de calidad en el servicio de aborto fueron: Sanitas EPS, Compensar EPS, Nueva EPS, Capital Salud EPS-S, Coosalud EPS, y Salud Total EPS.
A nivel de servicios privados, indican que Profamilia lidera el mejor servicio de salud en aborto de acuerdo con las experiencias documentadas, “pero no todas sus clínicas manejan los mismos estándares de calidad porque las experiencias más satisfactorias se encuentran en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla”. Oriéntame también se destaca en el segundo lugar con la mejor atención en aborto en su sede en Teusaquillo, en Bogotá D.C.
¿Qué debe hacer el sistema de salud y autoridades judiciales, para mejorar el acceso?
Jacarandas recomienda al Ministerio de Salud crear mecanismos públicos de difusión de información sobre el derecho al aborto; reglamentar sanciones por violencia reproductiva; publicar las cifras sobre el número de IVE realizadas en toda Colombia; entre otras.
A las EPS, contar con sistema de referencia sobre la red de hospitales y centros de salud que garanticen el servicio de calidad con medicamentos en los primeros niveles de atención; y realizar capacitaciones y entrenamientos semestrales al personal administrativo y médico de acuerdo con el marco legal vigente de la IVE.
Mientras que a las secretarías de salud; capacitar y sensibilizar sobre aborto; garantizar que la red pública de salud cuente con disponibilidad de misoprostol
y mifepristona, y cánulas para la aspiración manual o eléctrica endouterina; y hacer una actividad misional para retirar los equipos de legrado de la red pública de salud.