No todas las mujeres conocen su derecho: el panorama de las zonas rurales
El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, manteniendo las tres causales: salud y riesgo de la madre; malformación del feto, y violación o incesto. Un hito histórico que marcó como ejemplo a toda la Región de Latinoamérica.
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Según datos de Causa Justa, en los primeros 100 días de la Sentencia C-055, 76 mujeres, niñas, jóvenes y adultas, se enfrentaron a barreras de acceso a la IVE. Un incremento del 52 % de los casos, frente al 2021.
Sobre las zonas en las que han atendido a las mujeres, el 71 % de los casos son fuera de la capital: Risaralda, Meta, Guajira, Magdalena, Arauca, Huila, Guaviare, Cauca y Atlántico: 2 hechos en cada uno. Sin embargo, a un año de esta decisión, la situación en la Colombia profunda es diferente y todavía la desinformación frente a este derecho, persiste.
Según, Ana Cristina González, una de las pioneras del movimiento nacional, Causa Justa, “en una zona rural hay menos profesionales disponibles porque es más difícil la conversación. Es más complejo tomar una decisión”.
Pero dice, esto no se da porque a las mujeres en estos territorios “no les interese esa conversación”, al contrario, “no tienen espacios o condiciones para hacerlo”. Y el problema de ello es que el estado aún no realiza pedagogía, “entendiendo las necesidades concretas” y diferenciales de cada vereda o municipio al que vayan.
“Al momento en que una mujer decida abortar en una zona rural, va a ir y lo va a hacer, así sea con un gancho y tenga que morir. Entonces yo diría que la diferencia más grande es un tema de lenguaje y de pedagogía. No tanto de qué hacer, sino de cómo hacerlo”, enfatizó González.
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En esto coincide y lo resume la directora de Jacarandas, Viviana Bohórquez. “La información salva vidas”. Pues desigualdades como la falta de internet, “reduce la posibilidad que me entere de que el aborto es un derecho y mi vulnerabilidad aumenta”. Además, es clara en decir que “ese esfuerzo”, de informar, “no lo está haciendo el Estado”, sino organizaciones civiles como ellas.
“En nuestro formulario hemos llegado a atender mujeres indígenas. Un éxito. Y mujeres menores de 18 años. Lo ideal es llegar a los 32 departamentos de todos los estratos sociales”.
El informe titulado “La criminalización del aborto en Colombia”, de Causa Justa por el Aborto, expuso que San Andrés y Providencia, Quindío, Amazonas, Casanare y Boyacá son los departamentos donde hay más judicializaciones por cada 100.000 mujeres. Y el 21,1 % de todas las investigaciones en el país por este delito son contra menores de edad.
La despenalización social busca concientizar que la IVE ya es un derecho
Cristina Villarreal es otra de las pioneras del movimiento nacional Causa Justa, que, junto a un equipo de activistas y organizaciones sociales, lideraron la demanda ante alto Tribunal.
Villarreal, quien también fue cofundadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, habló en ese momento sobre los retos a futuro tras la decisión histórica de la Corte.
Dentro de estos, está la despenalización social, es decir, “que en la consciencia de las personas haya plena certeza de que es un derecho fundamental y, por lo tanto, es un tema de conversación al que no debemos tenerle miedo”, explicó en entrevista a PUBLIMETRO COLOMBIA.
Ahora, a cuatro días de conmemorar esta fecha, se consultó también a Ana Cristina González, para conocer como ha avanzado este tema, en el que aseguró que uno de los grandes desafíos es el acceso igualitario a los servicios, pues la realidad social y económica, no es la misma en cualquier región.
“El otro gran desafío es lo que nosotros llamamos la despenalización social, que es como construir entornos de legitimidad y yo creo que al año de la sentencia es un buen momento para insistir en esto”.
Sobre la forma en que este “cambio cultural” se podría dar, González acotó que las personas sencillamente deben saber que la decisión sobre interrumpir o no un embarazo “es una decisión íntima y personal de las mujeres” y que son ellas, “basadas en su propia moral y valores, las que deben tomar esa decisión y que la sociedad tiene que respetar esa libertad de conciencia”.
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Pero, ¿cómo se logra esto? La también médica, máster en Investigación Social en Salud, indicó que es importante que desde las Universidades, “se enseñe integralmente” a los estudiantes de medicina, “cómo ha sido el debate en la Corte Constitucional, cuáles son los estándares, cómo se hace médicamente”, para que se eliminen “perjuicios” y se aprenda desde “la evidencia”.
Sin embargo, el resto de la sociedad no es ajena. Valentina Anciso, coordinadora de Acción Política en la organización, Artemisas, cree que esto se lograría más en las nuevas generaciones gracias a las redes sociales que han permitido que estas conversaciones se abran.
“Hay un cambio generacional, un cambio cultural. Los jóvenes y los niños que están en el colegio seguramente van a tener mucho más naturalizado este tema y no va a haber ningún tipo de tabú. Sin embargo, si hay que acompañar a sus padres porque en caso de que una chica quiera interrumpir su embarazo, van a tener que estar ahí”.
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El aborto en Bogotá
El pasado 2 de febrero, con 24 votos a favor y 2 en contra, el Concejo de Bogotá aprobó el acuerdo 023, que elimina las barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la capital.
Siendo la primera ciudad del país en expedir una norma que determina que los servidores públicos deberán garantizar el acceso a este derecho en condiciones dignas, promoviendo la eliminación de barreras, persecuciones y hostigamientos a las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Para ello, todas las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPBs e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS del Distrito, deben, durante este 2023, implementar la Resolución 051 del 12 de enero del Ministerio de Salud, que reguló la atención integral del aborto.
Asimismo, las Secretarías de Salud, en coordinación con la de la Mujer, deberán fortalecer la Línea Púrpura, con el fin de atender a las mujeres para orientarlas y acompañarlas sobre las rutas de acceso a la IVE.
“Desde que tú quieres ir a abortar en la puerta, ya obviamente tienes una barrera de prejuicio. Pero hay un ejercicio muy importante de decir: existe este acuerdo, cómo vamos a ejecutarlo y hacer la pedagogía correspondiente con los funcionarios públicos quienes hacen parte de los servicios de salud”, señaló Valentina Anciso, coordinadora de Acción Política en la organización, Artemisas.
