Un gran revuelo se ha levantado alrededor de la Policía Nacional luego de la compra de un avión que realmente tendría un valor que correspondería a la inversión de tres aviones. La Procuraduría informó que esto constituye un “detrimento patrimonial” y dio detalles de lo ocurrido tras investigar a la institución.
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La Contraloría General estableció el “presunto detrimento patrimonial” en la compra el año pasado de un avión por 12,16 millones de dólares por parte de la Policía colombiana, un jet que cuenta “con unas características que no satisfacen el interés social perseguido”, según este ente fiscalizador. El ente de control alega que este detrimento descubierto tendría un valor de por lo menos 12 millones de dólares, lo que equivale a 58.000 millones de pesos.
La Policía, a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), compró esta aeronave, marca Embraer Legacy 600 VIP, a través de un contrato firmado en enero del año pasado, que hasta el 28 de septiembre pasado ascendió a 28 millones de dólares. Luis Eduardo Parra, contralor delegado para el sector defensa, aseguró sobre el Consorcio Aeronaves que solo tiene una empresa con experiencia en el mundo de la aviación en vuelos privados y chárter, Rio Sur. El resto de empresas que participan del consorcio, que representan el 95%, no tienen experiencia en este sector.
En este sentido la Contraloría agrega en su explicación de los hechos que “quien terminó buscando en el mercado global las aeronaves fue una única empresa: RIO SUR SAS, lo que, como describió la CIAC S.A. en su momento, genera un riesgo de sobrecostos”.
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“Para el organismo de control la compra de esta aeronave usada, con capacidad para 13 pasajeros, representa un presunto detrimento del patrimonio público, toda vez que se priorizó la compra de un avión con unas características que no satisfacen el interés social perseguido, que era la ampliación de la capacidad operativa de la Policía Nacional”, informó la Contraloría en un comunicado.
Y es que se supone que la adquisición de este avión tenía el objetivo de transportar al equipo antinarcóticos, unas 44 personas, pero en cambio terminó comprando un jet de lujo para 13 personas, por lo cual la Procuraduría afirma que “no se cumple el interés social perseguido”.
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Además, la Procuraduría señaló que “la compra de aviones tipo ejecutivo marca Embraer Legacy 600 no estaba contemplada en el Estudio de Factibilidad, Fortalecimiento y Adquisición de Aeronaves para la Policía”. Y en adición a esto, la Procuraduría cree que la compra del avión “tiene presunta connotación fiscal, posibles incidencias disciplinaria y penal y otra relacionada con la ejecución del proyecto de inversión”.
El organismo adicionó que ve una “falta de coherencia” en el proceso de compra, que lleva a este detrimento patrimonial estatal de más de 12 millones de dólares en la compra de este avión que tampoco es “congruente” con los objetivos de la compra, que era “atender la demanda de patrullaje” de la Policía.
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“En tal sentido, si la necesidad es transportar 50 policiales de manera simultánea a 10 lugares del territorio nacional, un avión ejecutivo tipo jet con capacidad de 13 pasajeros impide la atención de la necesidad en las condiciones planteadas por el Área de Aviación Policial”, apunta la Contraloría.
Además, la compra mal ejecutada se llevó el 41,5 % del presupuesto total establecido para la adquisición de un total de tres aeronaves Embraer que contemplaba la Policía, argumentó el ente de control.
De este modo, es que la Contraloría finalmente hace un comparativo con otras adquisiciones previas en el año 2021, y una nave similar, también con capacidad para 13 viajeros, que costó 8,9 millones de dólares, o el proceso de venta del avión presidencial de Ecuador al que quería aspirar el Gobierno que iba a costar 8 millones de dólares.
Las empresas
El contrato que se firmó en el mes de mayo de 2022 con el Consorcio Aeronaves, que está compuesto por Rio Sur SAS, de Bogotá, con una participación del 5%; Construcción Empresa y Proyecciones para el Desarrollo, de Arauca; y por último Ingeambicol SAS, de Arauca, que tiene una participación del 90% y cuya actividad económica principal es la construcción de obras de ingeniería civil que no tienen que ver con aviación.
El dato
12 millones de dólares, es decir, unos 58.000 millones de pesos, sería el dinero en el que estaría valorado el “detrimento patrimonial” descubierto por la Contraloría General en la Policía Nacional.
