La Fiscalía General de la Nación solicitó el arresto de la abogada defensora de Jhonier Leal, Ana Julieth Velásquez, por tratar de dilatar el proceso a través de las dilaciones reiteradas a través de solicitudes de aplazamiento de las audiencias.
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La solicitud fue elevada ante el juez que lleva el proceso después que la abogada tuviera una discusión con la togada, debido a que solicitó una vez el aplazamiento de la audiencia para la discusión de las pruebas y la juez se la negó.
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Durante la audiencia que se realizó este viernes, 5 de marzo, el fiscal que lleva el caso Mario Andrés Burgos solicitó una medida correctiva en la que pidió el arresto de la abogada de Leal, indicando que Velásquez ha hecho reiteradas solicitudes de aplazamiento de las audiencias sin justificación alguna.
“Este delegado fiscal solicitará ante usted arresto y multa inconmutable para la abogada de Jhonier Rodolfo Leal Hernández, aunque eso le cause risa a la abogada. El no estar preparada en esta audiencias también es una falta disciplinaria”, dijo el fiscal.
La última solicitud de aplazamiento de la audiencia
Jhonier Leal pidió aplazar de la audiencia que estaba programada para este viernes 29 de julio en el juicio por los asesinatos de madre Marleny y su hermano el estilista Mauricio Leal. Leal redactó una carta desde la cárcel en la que le pidió a la Procuraduría investigar a la exabogada de su hermano y ayuda internacional para su defensa. Por lo tanto, la nueva audiencia quedó programada para el próximo 5 de agosto.
“Temo porque ambos Erika Sanguinetti y Álvaro Rojas se les dio información importante dentro del proceso útil para mi defensa y me preocupa de sobremanera el vínculo que tiene con la abogada de las víctimas María Paula Cardona”, escribió Jhonier en la carta de su puño y letra.
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También afirmó que en Colombia se le están violando sus derechos humanos en el juicio por lo que pidió ayuda internacional en su caso.
Jhonier Leal se expone a una condena entre los 480 a 600 meses de cárcel, y que a esta se le podrían aumentar 12 años por la destrucción de material probatorio, según las evidencias que tiene el ente acusador.