Colombia cerró el año con una de las noticias más relevantes para la educación en las últimas tres décadas. El Congreso de la República aprobó la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, presentada por el Gobierno del Cambio a través del Ministerio de Educación Nacional, una medida que cambia de fondo la forma en que el Estado financia las instituciones de educación superior públicas.
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El proyecto, que pasa a sanción presidencial, fue catalogado por el Gobierno Nacional como un avance estructural en la garantía del derecho a la educación y un reconocimiento histórico a la lucha del movimiento estudiantil colombiano.
Una deuda saldada con la universidad pública
Durante años, los recursos asignados a las universidades públicas crecieron muy por debajo de sus necesidades reales. Mientras la matrícula aumentaba, el presupuesto seguía atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que generó brechas en calidad, cobertura y sostenibilidad.
La reforma establece un nuevo esquema de financiación que reconoce las variaciones de los costos reales de funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas y deja atrás un sistema atado únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), claramente insuficiente. A partir de ahora, los aportes de la Nación se ajustarán con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, lo que permitirá una asignación más justa y acorde con la realidad del sistema. “Durante años, las universidades públicas hicieron más con menos. Hoy, el país da un paso hacia la justicia educativa”, señalaron desde el Ministerio de Educación.
El ministro Daniel Rojas Medellín destacó que esta decisión responde a una deuda histórica: “Desde hace años, miles de estudiantes salieron a las calles para exigir una financiación para la universidad pública. Hoy podemos decir que esa lucha no fue en vano. Aquello por lo que se movilizaron es hoy ley de la República”.
Más inversión, mejor futuro
El nuevo modelo implica un incremento progresivo del presupuesto nacional para el sector. En tres años, la inversión en educación superior pública pasó de 5,5 billones de pesos a cerca de 12 billones en 2025, incluyendo los recursos destinados a la política de gratuidad. A partir de 2027, con la entrada en vigor plena de la reforma, las universidades recibirán cerca de un billón de pesos adicionales cada año, destinados a ampliar la cobertura, fortalecer la investigación, cerrar brechas regionales y mejorar el bienestar estudiantil.
El objetivo de largo plazo es alcanzar una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, un estándar que acercará a Colombia a los niveles promedio de los países de la OCDE.
Los nuevos recursos se distribuirán en cinco ejes: acceso, permanencia, calidad, infraestructura y bienestar. Esto significa más becas, mejores condiciones para profesores y administrativos, y la posibilidad de modernizar instalaciones académicas y tecnológicas.
Un logro colectivo: Estado, academia y estudiantes
El fortalecimiento de la Ley 30 es también el resultado de un proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional, los rectores, los docentes y los representantes estudiantiles. En el marco del Acuerdo Nacional por la Educación Superior, firmado en septiembre de 2024, se definieron los principios que guiaron esta reforma.
Entre ellos se destacan tres compromisos: no claudicar en la defensa de la educación pública, garantizar la participación de la comunidad universitaria y construir una política de largo plazo que trascienda los gobiernos.
El documento oficial del acuerdo reafirma que la educación debe entenderse como un derecho y no como un privilegio. Además, subraya el propósito de avanzar hacia una educación gratuita, de calidad y con pertinencia territorial.
Más allá del impacto financiero, el Gobierno sostiene que la reforma representa un cambio cultural y social. “Este es un logro colectivo, de un país que ha comprendido que la educación es el primer instrumento para construir la paz”, señaló el ministro Rojas Medellín.
La nueva financiación permitirá que más jóvenes en zonas rurales y apartadas puedan acceder a estudios superiores sin abandonar sus territorios. También impulsará la regionalización de la oferta académica, favoreciendo programas acordes con las vocaciones productivas y necesidades locales.
Con esta reforma, la universidad pública colombiana inicia una nueva etapa. Por primera vez en más de 30 años, el país cuenta con un modelo que reconoce los costos reales de formar, investigar y construir conocimiento desde lo público.