Un día después de que el alcalde Jorge Iván Ospina hubiera manifestado su idea de pedirle apoyo al FBI en la investigación sobre la masacre más reciente en Cali, la Fiscalía comunicó que tenía las dos primeras capturas.
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Los operativos se adelantaron entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. Según las autoridades, el crimen fue cometido por los vigilantes de un cultivo de caña en el que estaban los menores.
«Las labores investigativas dan cuenta de que las víctimas acudían a ese lugar con frecuencia a comer caña, que es lo que se hace en esos lugares. El día de los hechos, los tres adultos que trabajaban como vigilantes de los alrededores del cañaduzal observaron a los cinco menores acercarse y, sin mediar palabra, en un acto de total barbarie, los asesinaron», dijo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.
Así, lo que las autoridades comparten hasta el momento como hipótesis es que la masacre se cometió por violación a la propiedad privada.
«Se trata de unos adolescentes que salen en una tarde de agosto a comer caña, a bañarse. Hay una pequeña discusión y, sin mediar, (los vigilantes) asesinan a los muchachos con arma de fuego y arma blanca. Los asesinan y consideran que se podrían esconder», indicó el alcalde Ospina.
«Quiero insistir en que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano, y menos porque ha traspasado el predio a comer caña», agregó el mandatario.
Las dudas
Sin embargo, en ningún momento de las investigaciones se han mencionado detalles como los policías que, según familiares de las víctimas, estaban en el cañaduzal.
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«Salieron cuatro policías acá. Dizque los habían denunciado como desaparecidos (a los jóvenes)… cuatro policías salieron de acá de un cañaduzal… ¿y cómo me van a aparecer los cinco pelados muertos?», dijo el tío de uno de los jóvenes asesinados en un video, justo después de que hallaran los cadáveres.
Tampoco se tiene razón sobre una granada que estalló en el barrio Llano Verde, un día después de la masacre. La explosión dejó un muerto y varios heridos, entre los que había un bebé de un año.
De acuerdo con el fiscal Barbosa, su organismo priorizó el caso desde que se conoció. Designó un equipo de 54 funcionarios para que se hicieran cargo, entre fiscales, investigadores y criminalistas. Con el apoyo de drones y equipos de tecnología forense, recopilaron el material probatorio.
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