La historia de Juan José, un bebé prematuro de tan solo dos meses, ha estremecido al país y dejado en evidencia una grave falla en el sistema de salud colombiano. El menor murió en Buenaventura, Valle del Cauca, mientras su madre suplicaba su traslado a una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) que nunca llegó. La EPS Coosalud, encargada de gestionar la remisión, no logró concretar el procedimiento a tiempo, a pesar de múltiples alertas médicas.
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Juan José nació con graves complicaciones respiratorias. Desde el primer día, su vida dependía de atención especializada que no estaba disponible en el centro donde se encontraba. Resistió dos paros respiratorios, pero en las últimas horas sufrió un tercer episodio que acabó con su vida. Su madre, Sharon, nunca pudo abrazarlo.
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“Tengo mucho miedo de que a mi hijo le pase algo. Que un día yo lo vaya a visitar y me digan que mi hijo se murió”, decía la joven días antes del desenlace.
La EPS Coosalud emitió un comunicado señalando que intentaron ubicar una UCIN para una interconsulta por infectología, pero no lo consiguieron debido a la “alta demanda” de estos servicios a nivel nacional. Sin embargo, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca desmintió parte de esta versión: sí se consiguió una cama, pero no hubo disponibilidad de ambulancia para realizar el traslado.
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“Es absolutamente lamentable que no tengamos comunidades de neonatos donde atender casos como este de forma oportuna”, declaró María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.
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Además del drama médico, la crisis financiera del sistema de salud agrava la situación. La deuda de las EPS en el departamento supera los 3,5 billones de pesos, y varias clínicas han cerrado servicios neonatales esenciales por falta de pagos.
Implicaciones y crisis estructural del sistema de salud
Este caso no es aislado. Según datos del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, Colombia ha visto un incremento en cierres de UCIs neonatales en departamentos con alta población vulnerable. La falta de pagos por parte de las EPS, la saturación del sistema y la baja capacidad instalada son parte de una crisis estructural.
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La Ley Estatutaria de Salud en Colombia (Ley 1751 de 2015) garantiza el acceso oportuno a servicios médicos, especialmente para menores de edad y en condiciones de urgencia vital. Sin embargo, la omisión en la remisión médica urgente constituye una vulneración directa a este derecho fundamental. La Corte Constitucional ha reiterado en múltiples fallos (como el T-760 de 2008) que la falta de oportunidad en servicios de salud puede ser equiparable a una forma de negligencia estatal.
¿Qué dice la Superintendencia de Salud?
Tras hacerse pública la historia, la Superintendencia Nacional de Salud anunció una investigación preliminar contra Coosalud, para determinar si hubo omisión o negligencia en la gestión del traslado. De comprobarse irregularidades, la EPS podría enfrentar sanciones económicas y jurídicas, e incluso la intervención administrativa.
El caso de Juan José se suma a una larga lista de muertes evitables que reflejan el colapso progresivo del sistema de salud colombiano. La falta de articulación entre las EPS, los prestadores de servicios y las autoridades sanitarias sigue cobrando vidas inocentes, mientras familias enteras claman por justicia y soluciones reales.
