A menos de un mes de que se cumpla el plazo que podría dejar en libertad a los señalados responsables del crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, la familia del joven vive una angustiosa carrera contra el tiempo para evitar que el caso termine marcado por la impunidad. El estudiante de ingeniería de sistemas, de apenas 20 años, fue asesinado durante la madrugada del 31 de octubre de 2025, en plena celebración de Halloween, luego de ser brutalmente golpeado en el sector de Chapinero, en Bogotá.
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Lo que en un principio parecía avanzar con rapidez gracias a la captura de los sospechosos y la contundencia de las pruebas recolectadas por las autoridades, hoy enfrenta un escenario crítico debido a los continuos aplazamientos judiciales que mantienen frenado el inicio formal del juicio.
“Mi hijo fue asesinado brutalmente”: familia de Jaime Esteban teme impunidad por retrasos en la justicia
Para sus padres, Jaime Alberto Moreno y Mónica Jaramillo, el dolor de la pérdida se ha convertido también en una lucha desesperada contra los tiempos del sistema judicial colombiano. Ambos aseguran que el caso corre el riesgo de convertirse en un nuevo símbolo de impunidad.
“Mi hijo fue asesinado a golpes brutalmente por dos autores materiales”, relató la madre de Jaime Esteban durante una entrevista con Noticias Caracol, al recordar el crimen que quedó registrado en cámaras de seguridad y que causó conmoción nacional tras difundirse en redes sociales.
Las imágenes muestran cómo el joven, descrito por su familia como un muchacho “conciliador y extraordinario”, fue perseguido y atacado violentamente luego de salir de un establecimiento nocturno en Chapinero. Según la necropsia practicada por Medicina Legal, el ataque fue de una sevicia extrema.
La madre del estudiante recordó que una de las primeras patadas “le estalló un pulmón”, dejándolo indefenso en plena vía pública. Posteriormente, el otro agresor habría continuado golpeándolo hasta provocarle ocho fracturas en el cráneo, además de graves lesiones en las manos, evidenciando que intentó protegerse durante la agresión.
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Tras el crimen, la Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía y Medicina Legal, logró identificar y capturar a los presuntos responsables: Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro. Sin embargo, pese a que la investigación avanzó rápidamente en sus primeras etapas, el proceso judicial se encuentra prácticamente paralizado.
La preocupación de la familia aumentó desde el pasado 22 de abril de 2024, cuando el expediente fue trasladado del Juzgado 45 a un juzgado de descongestión penal, el Juzgado 801. Aunque la decisión buscaba acelerar el caso, ocurrió exactamente lo contrario.
“Paradójicamente, el juzgado de descongestión entra a congestionar nuestro proceso y a estancarlo”, denunció el padre del joven asesinado.
Desde entonces, la audiencia preparatoria —fundamental para decretar pruebas y dar paso al juicio oral— ha sido aplazada en varias oportunidades. Según la familia, una de las diligencias no pudo realizarse porque el juez recientemente nombrado aseguró no conocer suficientemente el expediente. Posteriormente, otra audiencia programada para el 19 de mayo tampoco se llevó a cabo debido a compromisos relacionados con capacitación electoral.
El funcionario judicial fue designado como “jurado clavero” para las próximas elecciones, situación que desató indignación entre los familiares y la defensa de las víctimas, quienes consideran inadmisible que un proceso por homicidio quede relegado por actividades administrativas.
La fecha que hoy genera máxima tensión es el próximo 20 de junio. Si antes de ese día no se instala formalmente el juicio oral, los procesados podrían solicitar la libertad por vencimiento de términos, una posibilidad que la familia describe como devastadora.
“Estamos no solamente tratando de sobrevivir a este dolor que ha sido devastador para nosotros, sino en espera de que la justicia opere”, expresó la madre de Jaime Esteban.
El temor de los familiares no es menor. Según recordaron, uno de los señalados inicialmente huyó hacia Cartagena tras el crimen y solo se entregó posteriormente debido a la presión de las autoridades y el impacto mediático del caso.
“Donde lleguen a quedar en libertad, la inoperancia de la justicia hace que no se pueda hacer justicia. De nada nos sirve una sentencia ejemplarizante si los que tienen que pagarla no están para responder por ella”, afirmó el padre del estudiante.
Mientras avanzan los días, la familia insiste en que no ha podido vivir un duelo real debido a la incertidumbre judicial que rodea el caso.
“No hemos podido hacer un luto porque nuestro primer bálsamo, que es la justicia, no llega”, confesó la madre, quien además cuestionó el mensaje que podría recibir la sociedad si un crimen de esta magnitud termina sin consecuencias efectivas.
La defensa de las víctimas solicitó a la judicatura, y específicamente al Juzgado 801, priorizar de manera urgente el proceso y habilitar, si es necesario, jornadas continuas para evacuar la audiencia preparatoria antes de que se cumpla el límite legal.
De acuerdo con la familia, existen al menos 19 testigos listos para declarar, además de material probatorio considerado contundente para sostener una eventual condena contra los acusados.
“¿Qué señales se le da a la sociedad y a los jóvenes… que crean que pueden matar a otro a patadas y no tiene consecuencias?”, cuestionó la madre de Jaime Esteban.
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A pocos días de que se cumpla el plazo crítico, el caso del joven ajedrecista y estudiante universitario mantiene encendidas las alarmas sobre el funcionamiento de la justicia en Colombia y el temor de que otro crimen de alto impacto termine atrapado entre retrasos judiciales y vencimientos de términos.