Las capturas en Venezuela de los presuntos implicados en la muerte de Yulixa Toloza abrieron un nuevo y complejo capítulo judicial en uno de los casos que más conmoción ha causado en Colombia durante las últimas semanas. Aunque la Fiscalía General de la Nación anunció que avanzará en el proceso para solicitar la extradición de los detenidos, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago explicó para Blu Radio por qué, en la práctica, el traslado de los capturados a territorio colombiano sería prácticamente imposible.
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El caso gira alrededor de la muerte de Yulixa Consuelo Toloza, estilista de 52 años que desapareció luego de someterse a un procedimiento estético en el establecimiento clandestino Beauty Láser, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.
“La extradición sería inviable”: exministra revela obstáculo judicial en caso Yulixa Toloza
Tras varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en una zona boscosa de la vía entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca, mientras que varios de los presuntos responsables fueron ubicados y capturados en territorio venezolano.
Sin embargo, aunque Colombia busca que los implicados respondan ante la justicia nacional, la legislación venezolana se convierte en el principal obstáculo.
Según explicó la exministra Ángela María Buitrago, la Constitución de Venezuela y el Código Penal venezolano prohíben expresamente la extradición de ciudadanos de ese país.
“Lo que se necesita es que se solicite a Venezuela investigar a estas personas por esos delitos, trasladando el material probatorio y asegurándose de que cumpla los estándares exigidos en ambos sistemas judiciales”, explicó Buitrago.
La exfuncionaria señaló que, aunque la extradición tendría enormes barreras jurídicas, sí existe la posibilidad de que los capturados sean procesados directamente por la justicia venezolana.
Los detenidos, dos hombres y una mujer de nacionalidad venezolana, fueron ubicados en los estados de Portuguesa y Aragua luego de una operación coordinada entre autoridades colombianas, organismos de cooperación internacional e Interpol.
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Entre los capturados estarían María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, señalados administradores del centro estético Beauty Láser, así como un hombre acusado de haber practicado el procedimiento sin contar con formación médica profesional.
De acuerdo con Buitrago, el proceso judicial podría desarrollarse en Venezuela siempre y cuando Colombia entregue todas las pruebas recopiladas por la investigación.
En ese escenario, la Fiscalía venezolana y los jueces de ese país asumirían el caso, mientras Colombia actuaría como nación requirente y colaboradora en el intercambio de material probatorio.
La explicación jurídica surge luego de conocerse que el artículo 69 de la Constitución venezolana establece que “se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”.
Además, el artículo 6 del Código Penal de ese país refuerza la medida al señalar que un ciudadano venezolano no podrá responder ante autoridades extranjeras por delitos cometidos fuera de su territorio, aunque sí puede ser juzgado internamente.
Mientras se define el futuro judicial de los capturados, las investigaciones en Colombia continúan reconstruyendo los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Yulixa Toloza.
Todo comenzó el pasado 13 de mayo, cuando la mujer ingresó a Beauty Láser para practicarse una lipólisis láser. Horas después, sus amigas perdieron comunicación con ella y comenzaron a preocuparse.
Inicialmente, trabajadores del establecimiento afirmaron que Yulixa debía permanecer en observación. Más tarde cambiaron la versión y aseguraron que había abandonado el lugar por sus propios medios.
Las inconsistencias despertaron sospechas y llevaron a una inspección de la Policía y organismos de emergencia el 14 de mayo.
Durante la diligencia, las autoridades descubrieron que el establecimiento operaba sin permisos sanitarios ni registro de Cámara de Comercio. Además, encontraron a otra mujer de 34 años encerrada en una habitación mientras se recuperaba de otra cirugía estética.
Pero uno de los momentos más impactantes de la investigación ocurrió el 15 de mayo con la divulgación de videos de cámaras de seguridad.
En las imágenes se observa a dos hombres sacando a Yulixa aparentemente inconsciente y arrastrándola hasta un vehículo Chevrolet Sonic gris.
Testigos afirmaron que la mujer lucía desorientada y tenía los labios morados antes de ser subida al automóvil.
Posteriormente, las autoridades determinaron que el vehículo abandonó Bogotá durante la madrugada del 14 de mayo por el peaje Andes.
Sin embargo, los investigadores detectaron un “vacío” de aproximadamente cinco horas entre el momento en que Yulixa fue retirada del centro estético y la salida del vehículo de la capital.
El caso dio otro giro el 18 de mayo, cuando el Chevrolet Sonic fue hallado abandonado en un sector residencial de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.
Según las investigaciones, el carro tenía rastros de pintura verde reciente, presuntamente aplicada para intentar ocultar su identidad durante la fuga.
Un día después, el 19 de mayo, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de una mujer en el municipio de Apulo, exactamente en la vereda El Copial, kilómetro 45 de la vía Anapoima.
Al lugar llegaron funcionarios del CTI, unidades del Gaula, agentes de la Sijín y organismos de rescate.
Horas más tarde, Medicina Legal confirmó mediante pruebas de lofoscopia que el cuerpo correspondía a Yulixa Toloza.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó públicamente la noticia y lanzó una contundente declaración sobre el caso.
“Me he comunicado con su mamá, Nubia Toloza, a quien le manifesté toda mi solidaridad. El asesinato de Yulixa nos entristece a todos en Bogotá. A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, expresó el mandatario.
Las autoridades sostienen que al menos cinco personas estarían implicadas en el crimen y podrían enfrentar penas entre 17 y 30 años de prisión por delitos como desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.
Entretanto, el caso sigue generando indignación nacional no solo por la brutalidad de los hechos, sino también porque volvió a poner bajo la lupa la proliferación de clínicas estéticas clandestinas y los riesgos de procedimientos realizados sin supervisión médica adecuada.
Ahora, mientras la familia de Yulixa se prepara para despedirla y exigir justicia, la atención se concentra en Venezuela, donde se definirá si los principales sospechosos serán finalmente juzgados por la muerte de la estilista colombiana.