En atención a las pruebas aportadas durante el juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento condenó a 60 años de prisión a Luis Miguel Muñoz Pérez, sicario del grupo delincuencial ‘Los Costeños’, por el ataque armado que dejó seis muertos y tres heridos el 12 de septiembre de 2022, en Barranquilla (Atlántico).
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En el curso de la investigación orientada por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial se estableció que el hoy sentenciado, en compañía de otros hombres armados, descendió de una camioneta y disparó indiscriminadamente contra un grupo de personas que departía frente a un establecimiento de comercio del barrio Las Flores.
La acción violenta habría sido ordenada por el máximo cabecilla de ‘Los Costeños’, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, como parte de una disputa violenta con otras estructuras criminales por el control de las rentas ilícitas en varios sectores de la ciudad.
Por todo lo anterior, Muñoz Pérez fue declarado responsable de los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas la conductas agravadas. La máxima pena impuesta en su contra deberá cumplirla privado de la libertad en centro carcelario.
La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Estructuras delincuenciales en Antioquia son afectadas en su patrimonio con la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta del posible origen ilícito o del uso ilegal de 18 bienes que pertenecerían a las estructuras delincuenciales conocidas como ‘La Oficina’ y ‘Caicedo’, que tienen injerencia en Medellín y otros municipios de (Antioquia).
Las propiedades, que superan en valor los 3.460 millones de pesos, habrían sido adquiridas en gran parte con recursos provenientes del tráfico de estupefacientes, cobro de extorsiones, homicidios selectivos, desplazamientos forzados y concierto para delinquir. Además, estarían a nombre de familiares y personas cercanas a dos de los señalados cabecillas de los grupos delictivo.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los activos medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.