El candidato a la presidencia Iván Cepeda dio a conocer un nuevo plan de gobierno, mucho más corto y con considerables modificaciones, a pocos días de la segunda vuelta del próximo 21 de junio. Durante gran parte de su campaña, sus propuestas estuvieron dispersas entre múltiples discursos compilados en un documento de más de 400 páginas, pero ahora se publican en forma de un texto concreto que matiza varias de sus apuestas.
Lea también: Corte Suprema suspende medida que le prohibía a De La Espriella usar bandera de Colombia y lemas de su campaña
Este nuevo programa, de 118 páginas, deja de lado algunas de las cuestiones más espinosas del actual gobierno, como la constituyente y la Paz Total, con la intención de atraer a votantes de centro para ganarle a Abelardo De La Espriella. El texto, llamado “Tres revoluciones para hacer de Colombian una potencia mundial de la vida”, buscó construir una versión más pragmática y moderada de las políticas del mandato de Gustavo Petro, según La Silla Vacía. Además, se estructura alrededor de tres ejes: una Revolución Ética, centrada en la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción; una Revolución Social y Económica; y una Revolución Política y del Poder de la Ciudadanía.
Entre las propuestas del candidato del Pacto Histórico, una de las más controversiales es la “eliminación del Consejo Nacional Electoral y la creación de una corte electoral autónoma e independiente”, que asumiría las funciones electorales y jurisdiccionales que hoy están repartidas entre distintas entidades. Sumado a esto, propone un nuevo código electoral que establezca que las tecnologías utilizadas en biometría, preconteo y escrutinio sean públicas, auditables y soberanas y defina la obligatoriedad de listas cerradas, bloqueadas y con sistema de alternancia de género.
Esto le puede interesar: “Es bastante tontico”: Armando Benedetti se va con toda contra Carlos Carrillo por decir que participa en política
Otro de los puntos más llamativos es la supresión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para crear, en su lugar, una Comisión de Juristas independiente encargada de investigar a altos funcionarios del Estado.