Así lo aseguró el presidente Gustavo Petro durante el acto público de reconocimiento de Responsabilidad Internacional en el caso ‘Pueblo U’wa y sus miembros vs. Colombia’ que se realizó en Cubará (Boyacá), donde el jefe de Estado reveló que la Corte Suprema de Justicia expidió un fallo sobre los baldíos en el país.
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En este sentido, el presidente Gustavo Petro explicó que la decisión de la Corte “prohíbe a la Agencia Nacional de Tierras hacer el saneamiento y trasladarlo a propiedad campesina, indígena o afrodescendiente, y deja solo para dos instancias del Poder Judicial, en el más alto nivel, el que se determine si el baldío es baldío y pertenece a la nación, o si el baldío pertenece a sus actuales poseedores”.
Para el mandatario es evidente que esta decisión “va en contra de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
“Por eso decía que no podía hablar a nombre del Estado como obliga la sentencia, porque una parte del Estado ha traicionado la obligación de cumplir esta sentencia de la Corte Interamericana que lleva a la Agencia Nacional de Tierras a ampliar el resguardo, porque le quita sus facultades de ley, de Constitución y heredadas del antiguo Incora y de otras instituciones más atrás que vienen de la Ley 200 de Tierra, 1936, que es el resultado del reconocimiento de la lucha de Quintín Lame y del campesinado de Colombia por su derecho a ser propietarios y poseedores de la tierra”, aseguró.
Explicó que las leyes expedidas desde 1936 a la fecha, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, establecieron que la Agencia Nacional de Tierras y otras instituciones “eran pertinentes para establecer, por vía administrativa, la posesión de los baldíos que pertenecen a la nación y al pueblo de Colombia”.
No obstante, dijo que la sentencia de la Corte Suprema estableció que “todo este tipo de conflictos pasa a doble instancia en el poder judicial, lo cual, de acuerdo a la tradición de Colombia, significa que no se ha resuelto un solo conflicto de tierras en la historia de Colombia por esta vía”.
“Retrocedimos a una época anterior a 1936 comparable a 1886, donde los indígenas no eran considerados seres humanos y donde el campesinado era considerado siervos y peones sin derechos y sin ciudadanía en Colombia”, sentenció.
Por esta razón, solicitó a las y los abogados de derechos humanos “la acción inmediata que corresponde desde el punto de vista de la lucha jurídica contra esta sentencia en el plano nacional” y manifestó que “finalmente es la Corte Constitucional la que tiene que decidir, no ha decidido hasta ahora a favor del campesinado y de los pueblos indígenas”.
Conminó además a que haya una acción internacional, en la medida en que consideró que “la sentencia de hoy de la Corte Suprema choca contra tratados internacionales, como los del derecho del campesinado establecidos en Naciones Unidas, los derechos de los pueblos indígenas a su tierra, cultura, establecidos desde hace A y sobre esta misma sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se está, abiertamente, hoy desacatando”.
Recordó que en solo una semana han salido una medida cautelar del Consejo de Estado en contra de las pensiones de los colombianos y la sentencia de la Corte Suprema en contra de la Reforma Agraria.
De hecho, aseguró que la medida del magistrado del Consejo de Estado “literalmente le está robando el ahorro de los trabajadores que cotizan en fondos privados de pensiones y que deciden pasarse al fondo público en beneficio de dos grandes dueños de bancos del país. Un raponazo a algo que no les pertenece a los banqueros que es el ahorro que depositan la gente trabajadora de Colombia para poderse pensionar”.
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Con respecto a la sentencia de la Corte, sentenció: “También es un raponazo de la tierra propiedad de la nación que hoy, en las últimas décadas, ha sido despojada por narcotraficantes armados que han desatado la violencia en Colombia, con más de 200 mil asesinatos y que hoy los magistrados de la Corte Suprema dicen respetar por años y quizás por décadas, por generaciones diría hoy, porque impide que el Gobierno recupere esas tierras del narcotráfico para que no pasen al poder del campesinado y de las comunidades indígenas y afrodescendientes”.