Después de que el Ministerio de Ambiente anunciara la decisión de aplicar la eutanasia a 80 hipopótamos del Magdalena Medio para evitar que su impacto ambiental siga creciendo, distintos sectores han buscado alternativas y soluciones a la problemática para que el plan no se lleve a cabo. Recientemente, el magnate indio Amant Ambani propuso trasladar a los 80 ejemplares a su centro privado de conservación animal, Vantara.
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Tiene más de 2.000 especies
Ambani es hijo del multimillonario Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de India, y cuenta con un extenso complejo de más de 1.400 hectáreas ubicado en Jamnagar, en el estado de Guyarat. El lugar alberga más de 2.000 especies y alrededor de 150.000 animales, según su página web.
El proyecto es impulsado por la familia Abani y respaldado por Reliance Foundation, y ha sido presentado como uno de los mayores centros de rescate, cuidado y rehabilitación de fauna silvestre del mundo. Su modelo se centra en atender de forma integral a animales que han sido víctimas de explotación, accidentes o que se encuentran en peligro de extinción.
Vantara fue inaugurado en marzo de 2025 por el primer ministro Narendra Modi y, según la fundación, su operación prioriza la transparencia y el cumplimiento de la normativa vigente, además de aplicar controles legales y sanitarios estrictos para la adquisición de animales.
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Señalamientos al proyecto
Sin embargo, el proyecto ha recibido cuestionamientos por parte de organizaciones conservacionistas y activistas, quienes señalan presuntas irregularidades en los manejos, mencionando casos como el de grandes felinos provenientes de África y elefantes trasladados desde templos indios.
Además, algunos sectores también hablan de posibles infracciones a normativas de protección de fauna, inquietudes sobre el bienestar animal y cuestionamientos por la ubicación del centro, que está localizado cerca de una de las refinerías más grandes del mundo.
A pesar de estas críticas, el Tribunal Supremo de la India evaluó el funcionamiento del proyecto a raíz de varias peticiones públicas y, en septiembre de 2025, determinó que no hay violaciones legales ni éticas en su operación.