Un borrador de resolución publicado por el Ministerio de Salud y Protección Social, recientemente, con el que busca actualizar las reglas del etiquetado nutricional y frontal en los productos alimenticios que se comercian en Colombia. Esta iniciativa propone derogar la Resolución 810 de 2021 y sus modificaciones para fortalecer las medidas de información a los consumidores.
Nuevo sello y más tamaños
El cambio más llamativo es el de la inclusión de un sello de advertencia para productos ultraprocesados, que se sumaría a los que ya existen sobre exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas trans y sería obligatorio con el uso de ciertos aditivos. Esto porque hay evidencia científica que vincula el alto consumo de estos productos con enfermedades crónicas, como diabetes tipo II, cáncer colorrectal, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica y enfermedad renal crónica.
“El objetivo es que los consumidores puedan identificar de manera rápida y sencilla los productos que representan riesgos para la salud”, señala el proyecto que, entre las medidas, también propone la implementación de microsellos para envases pequeños y la prohibición de los códigos QR para ofrecer la información que debería ir en los sellos. Con esto se pretende garantizar que hasta los productos de menor tamaño contenga las advertencias correspondientes.
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Otros ajustes que propone el borrador son: la corrección de tablas nutricionales; la aplicación de reglas más precisas sobre productos reconstituidos, porciones y envases múltiples; y mayor claridad al clasificar alimentos según su nivel de procesamiento. Con esto se busca cerrar vacíos informativos y mejorar la comprensión, señala el Ministerio.
La Andi rechazó el proyecto
Desde la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) se pronunciaron en contra de la iniciativa de Minsalud, asegurando que “resulta completamente inconveniente para el país por los efectos en imposición de cargas técnicas y económicas que podrían afectar la estabilidad del sector, compuesto por 51.200 empresas, un 98,5 % de ellas micro y medianas empresas”.
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Desde la Asociación afirmaron que el Ministerio no ha respondido a su llamado de establecer mesas de trabajo, “para evidenciar el impacto negativo que tendría esta medida”. Entre otras cosas, advierten que la resolución forzaría trámites masivos ante las entidades regulatorias como el INVIMA, rechazan el plazo de seis meses para implementar los cambios y recalcan que conceptos como el de “ultraprocesados” no tendrían, según dicen, evidencia científica robusta que los respalde.