Durante varios años, autoridades judiciales en Argentina adelantaron una investigación por presunto lavado de activos que vinculaba al Chicho Serna y a familiares de Pablo Escobar, el extinto capo del Cartel de Medellín, en un expediente que tuvo como soporte principal el testimonio de un narcotraficante condenado en Estados Unidos.
El proceso se estructuró a partir de las declaraciones de José Bayron Piedrahita Ceballos, alias “El patrón de Caucasia”, quien, en medio de un acuerdo judicial, aseguró que existía una red dedicada al narcotráfico y al manejo de recursos ilícitos a través de empresas, propiedades e inversiones en territorio argentino.
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¿Qué pasó con el Chicho Serna y el proceso judicial en su contra en Argentina?
Según El Colombiano, Piedrahita se presentó como colaborador ante la justicia, lo que permitió que fiscales argentinos se desplazaran hasta Estados Unidos para recoger su versión. Este procedimiento estaba ligado a beneficios judiciales que incluían eventuales reducciones de pena y sanciones económicas.
Sin embargo, con el avance del caso, la legalidad de esa prueba comenzó a ser cuestionada. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi concluyó que la diligencia no cumplía con los estándares exigidos en materia de cooperación internacional, por lo que no podía considerarse una declaración formal dentro del proceso.
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Según el análisis del despacho, los fiscales que participaron en la recolección del testimonio no contaban con las facultades necesarias para realizar ese tipo de actuación en el exterior, lo que afecta directamente la validez de la evidencia.
El penalista Andrés Arteaga Franco, le explicó a dicho medio, que esta decisión se apoya en principios básicos del derecho. Señaló que, cuando una prueba se obtiene sin respetar el debido proceso, todo lo que se derive de ella pierde validez, en línea con la doctrina conocida como el “fruto del árbol envenenado”.
Adicionalmente, la justicia argentina dejó sin efecto el acuerdo de colaboración suscrito por Piedrahita, al considerar que no se ajustaba a los requisitos establecidos en la legislación vigente, particularmente en lo relacionado con la figura del imputado colaborador.
Dentro de ese acuerdo, el narcotraficante había entregado información sobre su actividad criminal, incluyendo cifras sobre producción de cocaína y la cesión de activos empresariales en Argentina por varios millones de dólares.
Al quedar sin sustento la prueba central, el caso pierde su base jurídica. En ese escenario, el juez Martínez de Giorgi resolvió declarar la nulidad del proceso por lavado de activos que durante cerca de una década vinculó al exfutbolista Mauricio “Chicho” Serna, a María Isabel Santos Caballero y a su hijo Juan Sebastián Marroquín Santos.