En el marco de la jornada electoral de este 8 de marzo, dececenas de usuarios en redes sociales han denunciado la recepción de mensajes de texto de múltiples campañas políticas en pleno desarrollo de los comicios, lo que les ha generado preocupaciones por su seguridad y por las restricciones a la publicidad política en este día.
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Según varios ciudadanos, este domingo han recibido mensajes promoviendo a candidatas como Katherine Miranda y Olga Lucía Velásquez, del Partido Verde y Mauricio Matri, del Centro Democrático y Juan Pablo Obregón, del Partido Conservador.
¿Es legal el envío de estos mensajes?
Si bien el envío de estos mensajes es legal, la ley establece condiciones muy estrictas al respecto. Las candidatas, candidatos y partidos políticos pueden utilizar este recurso como parte de su propaganda electoral, siempre y cuando cumplan con la normativa de Habeas Data y las disposiciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Para que un mensaje de texto de campaña sea lícito, debe cumplir con lo siguiente:
- Autorización previa: El ciudadano debe haber dado su consentimiento previo, expreso e informado para que sus datos personales (en este caso, el número de celular) sean usados con fines de marketing político.
- Identificación clara: El mensaje debe identificar quién lo envía (el candidato, el partido o el movimiento político).
- Opción de exclusión: Todo mensaje debe incluir un mecanismo gratuito y sencillo para que el ciudadano pueda solicitar que su número sea eliminado de la base de datos y no recibir más comunicaciones.
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¿De dónde sacan los números?
Esta es la mayor zona gris. Legalmente, deben provenir de bases de datos propias recolectadas en eventos o registros voluntarios. Está prohibido el uso de bases de datos de entidades públicas o de empresas privadas (como bancos o teleoperadoras) que hayan sido entregadas sin que el usuario autorizara específicamente el uso para fines políticos. Por esto, muchos usuarios expresan su preocupación, pues dicen no haber autorizado el uso de sus datos para esos fines.
Si está recibiendo spam electoral sin su consentimiento, puede denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercia (SIC) por violación al régimen de protección de datos personales y reportarlo ante el CNE en caso de que el mensaje se envíe fuera de los tiempos de campaña permitidos o de forma masiva irregular.