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Bajo la lupa de la SIC: Abren investigación contra reconocida farmacéutica por posibles cobros irregulares

El expediente se sustenta en un historial de más de 1.300 quejas acumuladas entre 2024 y 2025.

Investigación farmacia
Investigación farmacia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación en contra Farmatodo tras detectar presuntas infracciones sistemáticas al Estatuto del Consumidor. La decisión, motivada por múltiples reportes ciudadanos y el monitoreo del portal web de la compañía, apunta a fallas que afectan directamente el bolsillo de los colombianos.

Farmatodo
Farmatodo Foto: ap

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El peso de la evidencia: 1.300 quejas en dos años

El eje central de la investigación es el análisis de 1.300 peticiones, quejas y reclamos (PQR) interpuestas por los consumidores durante los años 2024 y 2025.

El expediente de la SIC revela que el malestar de los usuarios no es un hecho aislado, sino que responde a tres patrones críticos de falla en el servicio. La mayoría de las quejas reportan cobros duplicados o múltiples por una misma transacción y la aparición de montos no identificados en sus extractos bancarios, lo que evidencia deficiencias en la seguridad de sus pagos. Asimismo, los consumidores denunciaron una sistemática inconsistencia de precios, señalando que el valor final cobrado en caja superaba el monto anunciado en los estantes o en la publicidad digital.


A todo esto se suman las trabas para las devoluciones, pues la farmacéutica habría impuesto la exigencia ilegal de presentar la factura física para ejercer el derecho al retracto, una barrera administrativa que el Estatuto del Consumidor prohíbe explícitamente.

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Lo que sigue en el proceso

Con la apertura de esta investigación, Farmatodo entra en una etapa de descargos donde podrá solicitar y aportar pruebas para su defensa. De hallarse responsable, la cadena podría enfrentar multas millonarias y la obligación de ajustar sus protocolos de atención y facturación para proteger los derechos de sus usuarios.

Este caso refuerza la vigilancia de la SIC sobre las grandes superficies, recordando que el precio anunciado debe ser, sin excepción, el precio pagado.

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