La Contraloría General de la República emitió una advertencia al Gobierno Nacional para frenar cualquier intento de demolición de diques y compuertas en las zonas inundadas de Córdoba. La entidad señaló que ejecutar esta medida sin estudios hidráulicos previos ni autorizaciones ambientales vigentes podría agravar drásticamente la emergencia invernal, la cual ya deja a más de 225.000 personas a la intemperie en el departamento.
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El pronunciamiento oficial responde a la reciente intervención del presidente Gustavo Petro, quien reportó la identificación de 14 estructuras que estarían bloqueando el flujo natural de las aguas. El jefe de Estado aseguró que dichos diques debieron destruirse de inmediato para reducir el impacto de las inundaciones, afirmando que mantenerlos equivale a “reproducir el gran error de Urrá”.
Frente a esta directriz presidencial, el máximo órgano de control fiscal fue claro y conciso al indicar que alterar el comportamiento hidrológico de la zona sin los soportes técnicos adecuados expone a las poblaciones a “males mayores”, además de constituir un riesgo directo para la estabilidad de los terrenos y el patrimonio público.
Alerta sanitaria por aguas estancadas en cuatro municipios
Más allá del debate sobre la infraestructura, el riesgo para la salud pública es inminente. Luego de una serie de inspecciones en Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, los auditores de la Contraloría confirmaron el represamiento crítico de las aguas. El estancamiento prolongado ya inició procesos de descomposición, configurando una amenaza sanitaria directa para las comunidades que permanecen rodeadas por la inundación.
Para mitigar este peligro, la entidad llamó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para instalar y operar sistemas de bombeo mecánico de forma rápida. Esta maquinaria sería indispensable para drenar el líquido represado y redirigirlo de manera segura hacia ríos y caños aledaños, evitando así brotes epidemiológicos.
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La dimensión den los desastre naturales en Córdoba exigen respuestas inmediatas, pero sustentadas técnicamente. Los reportes oficiales confirman 81.114 familias afectadas en 25 municipios. El sector agropecuario reporta pérdidas masivas con 150.500 hectáreas de cultivos bajo el agua. La red de servicios y conectividad también colapsó: 65 acueductos, 16 centros de salud, 464 instituciones educativas, 124 puentes y más de 1.940 kilómetros de vías registran fuertes daños.
Ante la magnitud de los daños, la Contraloría activó un bloque de seguimiento en tiempo real sobre los recursos liberados a través del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, bajo el marco de la Emergencia Económica. La lupa del ente de control está puesta sobre la UNGRD y las administraciones locales para garantizar que la asistencia técnica y financiera llegue exclusivamente a los damnificados, evitando que la improvisación posiblemente empeore la tragedia social en el Caribe colombiano.