La escena se repite con alarmante frecuencia en las calles del Colombia: un grito de auxilio, una persecución ciudadana y, finalmente, un grupo de personas descargando su frustración a golpes sobre un presunto delincuente. Lo que para muchos es un acto de “paloterapia”, para el ordenamiento jurídico colombiano es un terreno minado de riesgos legales. ¿Lo pueden meter a la cárcel pore esto? Acá le contamos
Aunque la indignación social es comprensible, la Ley 599 de 2000 (Código Penal), recientemente robustecida por la Ley 2197 de 2022 (Ley de Seguridad Ciudadana), establece límites claros. El Artículo 32, numeral 6º, es la piedra angular de esta discusión: la legítima defensa. Pero, ¿cuándo golpear a un ladrón deja de ser una protección legal y se convierte en un delito?
¿Qué dice la ley sobre la legítima defensa?
La modificación introducida en 2022 por la Ley 2197 buscó dar mayores garantías a los ciudadanos. Según el texto legal, no habrá responsabilidad penal cuando se actúe por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una injusta agresión actual o inminente.
La gran novedad de la reforma fue la presunción de la legítima defensa en casos de irrupción violenta en el domicilio o vehículo. Sin embargo, fuera de estos espacios, la “proporcionalidad” sigue siendo la palabra clave. Para que un ciudadano no termine tras las rejas por golpear a un asaltante, la fuerza ejercida debe ser necesaria para cesar la agresión, no para castigar al agresor.
El Código Penal es enfático: si la defensa sobrepasa los límites de la necesidad, el ciudadano enfrentará cargos. Si un ladrón ya está en el suelo, desarmado y sin capacidad de respuesta, cada golpe adicional es, técnicamente, una agresión nueva. En este punto, la justicia deja de ver a un ciudadano defendiéndose y empieza a ver a un agresor cometiendo un delito autónomo.
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Expertos penalistas advierten que los videos de cámaras de seguridad y celulares son hoy el principal enemigo de quienes participan en linchamientos. Un video que muestre a un ciudadano pateando en la cabeza a un delincuente ya reducido es evidencia suficiente para una imputación por lesiones personales agravadas o incluso tentativa de homicidio.
¿A qué delitos puede ser sometido por darle a un ladrón una ‘paloterapia’?
Cuando la turba o el individuo superan el límite de la neutralización y pasan al ataque de retaliación, se activan diversos tipos penales. El marco legal establece consecuencias severas para los delitos cometidos contra un delincuente una vez que ha sido sometido o el peligro ha cesado.
Las lesiones personales, definidas como el daño a la integridad física o psíquica del individuo, conllevan penas de multa o prisión según la incapacidad médico-legal resultante. Por su parte, el homicidio (Art. 103 C.P.), que ocurre si los golpes causan la muerte del asaltante tras finalizar la amenaza, se castiga con penas de 13 a 25 años de cárcel. Finalmente, la tortura, entendida como el sometimiento a dolores o sufrimientos graves con fines de castigo o intimidación, acarrea sanciones superiores a los 10 años de prisión.
¿Qué hacer si atrapo a un ladrón en flagrancia?
La Policía Nacional y los expertos en derecho coinciden en un protocolo de actuación que evite consecuencias penales para la víctima:
- Neutralización: El uso de la fuerza debe limitarse exclusivamente a desarmar o retener al sujeto.
- Entrega Inmediata: La Ley permite la “captura en flagrancia” por parte de particulares, pero exige la entrega inmediata del retenido a la autoridad.
- No Retaliación: Cualquier acto de violencia posterior a la captura despoja al ciudadano de la protección del Artículo 32.
En conclusión, la Ley 2197 de 2022 brinda herramientas para defenderse de la delincuencia con mayor respaldo legal, pero no otorga una “licencia para golpear”. La diferencia entre ser una víctima protegida por la ley o un procesado por la justicia radica en la capacidad de detenerse una vez que la amenaza ha terminado.
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