La Fiscalía General de la Nación está adelantando acciones para las próximas jornadas electorales. A través de la resolución 0047 de febrero de 2026 se definió la estrategia de investigación y judicialización de los delitos que se presenten en los comicios legislativos para el Congreso de la República y de consultas interpartidistas el próximo 8 de marzo, y de elección de nuevo presidente o presidenta el 31 de mayo de 2026.
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El plan definido por la Fiscalía contempla acciones para conocer y abordar, con todas las capacidades institucionales, los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las votaciones previstas.
Los días 8 de marzo y 31 de mayo de 2026, la Fiscalía dispondrá de puntos de recepción de denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o donde no hay presencia física de la entidad. Esta labor se articulará con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior.
¿Qué son los delitos electorales?
Los delitos electorales los cometen candidatos, ciudadanos y servidores públicos. El voto debe ser un ejercicio libre y responsable. A continuación, listamos los casos en que, según la Fiscalía, estos distintos actores sociales pueden cometer un delito electoral.
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Un candidato comete un delito si:
- Presiona o engaña al votante.
- Manipula a los votantes en favor de un candidato.
- Financia campañas con dineros provenientes de actividades ilícitas o recursos públicos.
- Excede los límites en los gastos de su campaña.
Un ciudadano comete un delito si:
- Impide que las elecciones o escrutinio se realicen.
- Traslada a votantes para escribir su cédula en una población distinta donde es su residencia.
- Suplantan sufragantes.
- Usa cédulas falsas para votar.
- No permite que los jurados de votación realicen su labor.
- Amenaza o constriñe a un candidato.
Un servidor público comete un delito si:
- No permite que una persona escriba su cédula en el lugar de su residencia electoral.
- Presiona o engaña a un votante.
- Es cómplice sobre votos fraudulentos o altera resultados electorales.
- Usa recursos públicos o bienes del Estado para proselitismo o apoyo a una campaña política.
- Entrega dinero a campañas políticas.
