La Sala Plena de la Corte Constitucional el descanso remunerado por interrupción voluntaria del embarazo (IVE) o aborto espontáneo a todas las personas gestantes, con lo que incluyen en la medida a hombres trans y personas no binarias.
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Una “omisión legislativa” en la norma
Al estudiar el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo, los magistrados encontraron “una omisión legislativa”, ya que la medida solo hablaba de trabajadoras, es decir, mujeres cisgénero. Con la modificación, la norma ahora aplica también para personas trans y no binarias que sufran abortos espontáneos, partos prematuros no viables o que decidan interrumpir su embarazo.
“Los derechos laborales asociados a la gestación deben vincularse a la capacidad de gestar, no a otras razones”, argumentó la Corte para la modificación del parágrafo, que ahora contiene las palabras “persona gestante”.
La Corte Constitucional hizo un llamado al uso del lenguaje inclusivo en todas las decisiones legislativas o jurídicas para que los derechos cumplan con el principio de universalidad. A esta norma, por ejemplo, se le aplicó una interpretación con perspectiva de género y se hizo el cambio para proteger los derechos a la igualdad de las personas trans y no binarias en contextos laborales.
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El aborto legal en Colombia
Con la sentencia C-055 de 2022 de esta misma corte, el aborto se convirtió en una práctica legal en Colombia. Según dicha decisión, la IVE puede realizarse de manera libre en el país hasta la semana 24 del embarazo, y bajo tres causales después de este período. Estas últimas son la violación, una malformación del feto que comprometa su viabilidad o un riesgo para la salud física o mental de la mujer.
Pese a esto, quienes buscan acceder a la IVE siguen enfrentando barreras en el proceso, y el prejuicio y desinformación continúan obstaculizando esta norma que se ha intentado tumbar desde varios sectores políticos.
Según Profamilia, Colombia obtuvo un puntaje de 34,2 sobre 100 en el Índice Municipal de la Oferta de Aborto Seguro, lo que pone en evidencia los retos que aún existen para garantizar la prestación del servicio, y muestra que hay una brecha considerable entre ciudades capitales y municipios para el acceso a la IVE.