Desde el gremio de aplicaciones móviles, AlianzaIn, lanzaron una advertencia sobre el proyecto de ley 347 de 2026, impulsado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte que, según apuntan, plantearían amenazas para el funcionamientos de las aplicaciones que prestan servicios de este tipo en el país.
Los puntos conflictivos
El presidente de esta agremiación, José Daniel López, se manifestó en X sobre el proyecto, señalando 11 puntos que, según él, ponen en riesgo esta actividad. El primero de estos es el señalamiento de dichos servicios como “ilegales”. “Los servicios con vehículo particular prestados a través de plataformas dejarían de ser actividades no reguladas, a definirse como explícitamente ilegales, contra lo dicho en sentencias por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, expresó López.
El líder de AlianzaIn también criticó el apartado donde se proponen inmovilizaciones de entre 60 y 120 días a los vehículos que presten “un servicio informal o ilegal de transporte”; y llamó la atención sobre las multas de hasta 390 UVB (unidades de valor básico) por viaje, es decir, 4.7 millones de pesos, a las aplicaciones que faciliten dicho servicio.
Entre otras cosas, López señaló que la iniciativa facultaría a las administraciones locales para suspender la operación de las plataformas digitales de transporte, obligaría a las alcaldías a intensificar controles e incitaría a los personajes vinculados a la administración pública a abstenerse de incentivar estos servicios.
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“Lamentamos no haber sido tenidos en cuenta en la concertación del proyecto, contrario a lo acordado con el gobierno en 2023. Y llamamos al retiro inmediato de esta iniciativa, que socavaría gravemente la actividad económica y las libertades individuales de millones de colombianos”, subrayó José Daniel López.
“Habilita un régimen de persecusión”
En un comunicado, la organización reforzó sus afirmaciones diciendo: “La iniciativa convierte los servicios de movilidad con vehículo particular en actividades abiertamente ilegales y habilita un régimen de persecución que permite a las autoridades ordenar la suspensión inmediata de la operación, sin decisión administrativa o judicial de fondo”.
Además, señalaron que cerca de 1.3 millones de cuentas de conductores generan ingresos a través de estas aplicaciones y hay más de 21.5 millones de cuentas de usuarios usando esos servicios.