El 2026 comenzó con un preocupante panorama en términos de seguridad para el país. Tras un 2025 cargado de violencia por parte de grupos armados ilegales y una crisis humanitaria en el Catatumbo, este año electoral se perfila con grandes retos para el Gobierno ante el fortalecimiento de estructuras como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
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Según un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), “lejos de contenerse, el conflicto armado se ha intensificado, los grupos ilegales han crecido en número y poder, y el Estado sigue teniendo dificultades para recuperar el control en amplias zonas“. Para diciembre de 2025, estos grupos sumaban más de 27.000 integrantes desplegados, registrando un preocupante aumento de 5.000 miembros en solo un año.
El Clan del Golfo fue el grupo que más creció
Entre hombres en armas y redes de apoyo, el número de integrantes de los diferentes grupo aumentó en un 23,5 % respecto a diciembre de 2024. Esta lista está encabezada por el Clan del Golfo, que sumó 2.300 miembros; seguido por el Estado Mayor Central (EMC) al mando de ‘Iván Mordisco’, que recibió 740 personas nuevas. Después están el ELN, con 565 miembros más; el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) ldierado por alias Calarcá, con 543 integrantes adicionales. Al final de la tabla se ubican la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, (CNEB), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y la Segunda Marquetalia.
“Los grupos ofrecen salarios y otros incentivos en territorios donde el Estado llega tarde o no llega”, explica la FIP, que atribuye el aumento de miembros a las campañas de expansión territorial y el fortalecimiento de su gobernanza local; la presión derivada de nuevas disputas y la adopción de nuevas formas de reclutamiento, que incluyen retribuciones como sueldos, bonos y vacaciones.
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Guerras entre grupos subieron un 34 %
La FIP destacó que los enfrentamientos entre distintos grupos armados subieron un 34 %, con al menos 13 zonas de disputa activa, casi el doble de las que había al principio del Gobierno de Gustavo Petro, en 2022. Estos aumentos ofensivos no solo impactaron a las propias estructuras ilegales, sino también a la infraestructura y bienes civiles, que se incrementaron en un 58 % frente al 2024, y a la Fuerza Pública, con un 62 %.
Además de crecer en personal, estos grupos se fortalecieron tecnológicamente con el uso de drones, especialmente para los ataques a las autoridades. Según datos de la Fuerza Pública, en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024 (119). 237 de estos eventos se atribuyen a las disidencias de ‘Mordisco’.
Devastadores consecuencias humanitarias
El recrudecimiento de la violencia generó un desorbitante aumento del 85 % en el desplazamiento forzado, causado, en gran parte, por la crisis humanitario en el Catatumbo. 92.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en esta región azotada por el conflicto.
Aunque los homicidios solo aumentaron en un 3 %, la FIP señala que es una cifra engañosa, pues “en muchas regiones, la reducción de asesinatos no refleja menos poder armado, sino estrategias criminales más silenciosas para no afectar sus economías ilegales”. No es el caso, sin embargo, con el secuestro, que subió 133 % y se constituyó como “una práctica más urbana, con más actores involucrados y en la que predomina la modalidad extorsiva”. En 2025, hubo 651 secuestros frente a los 279 de 2024.
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El Estado sigue débil ante las estructuras armadas ilegales
Aunque la Fuerza pública incrementó sus acciones en un 34 %, el despliegue no se tradujo en una mejora clara a la seguridad, advierte la FIP. “Las grandes operaciones militares no lograron debilitar de manera significativa a los grupos armados, que se adaptan con rapidez a las ofensivas del Estado”, dice el informe, que describe la respuesta oficial como reactiva en muchos casos, con debilidades en la prevención, la inteligencia y la anticipación.
“El tiempo que le queda al Gobierno Petro no puede ser excusa para la inacción. Se requieren ajustes urgentes, mejor coordinación institucional y una estrategia que no se limite a la Fuerza Pública, sino que fortalezca la investigación criminal y la justicia”, concluye la fundación. Afirman que mantener abiertas las negociaciones de la Paz Total no puede traducirse en tolerancia frente a la violencia de estos grupos, pues “el diálogo debe tener límites claros y respuestas firmes ante el control armado y las agresiones contra la población”.