El gobierno de Gustavo Petro se encuentra envuelto en un nuevo escándalo después de que la representante a la Cámara Catherine Juvinao, diera a conocer un presunto esquema de emisión de títulos universitarios a funcionarios y contratistas del gobierno por parte de la Fundación de Educación Superior San José. Ese establecimiento es el mismo que está involucrada en las irregularidades del título de Juliana Guerrero, jóven que ocupó varios cargos en la administración actual y, supuestamente, habría comprado sus diplomas.
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Este 21 de enero, el Ministerio de Educación se pronunció frente a la nueva tormenta que enfrenta la actual administración, refiriéndose a las investigaciones en curso a ese establecimiento educativo y a los señalamientos de complicidad con esta cartera.
Expedición de títulos “recae exclusivamente en las instituciones”
El comunicado indica que el ministerio “no tiene competencias en la expedición de los títulos, ni hace parte del proceso formativo respectivo”, por lo que, dicen, “esta función recae exclusivamente en las Instituciones de Educación Superior (IES)”. En ese sentido, señalan que las IES tienen autonomía a la hora de entregar los diplomas correspondientes.
Sumado a eso, resaltaron que esa cartera “no presenta ningún vínculo o relación contractual con la Fundación Universitaria San José” y expresaron rechazo a aseveraciones que relacionen a Mineducación con la Fundación o con actividades ilícitas relacionadas con la expedición de títulos.
No hablaron de los sospechosos diplomas a funcionarios
En el comunicado, el ministerio no se refirió a los sospechosos diplomas expedidos a personas que trabajan en el gobierno que, según Catherine Juvinao, serían al menos 24 contratistas de mínimo 16 entidades. Esas titulaciones se habrían dado sin haber presentado las pruebas Saber Pro al momento del grado, con casi todos los títulos fechados al 5 de julio de 2024 y personas que se “graduaron” hasta de 3 y 4 carreras a la vez.
Investigación está en etapa de “inspección y vigilancia”
Desde Mineducación recordaron que el 10 de noviembre de 2025, a raiz de la polémica de Juliana Guerrero, iniciaron una investigación a la Fundación San José “con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”. Este proceso, según afirman, se encuentra en la etapa de inspección y vigilancia, por lo que aún no se han tomado decisiones frente a la institución.
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A esto, agregaron que: “a través del grupo de Medidas Preventivas de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, viene ejecutando las revisiones pertinentes (...) para garantizar la adecuada continuidad de la prestación del servicio público educativo en condiciones de calidad”.