El presidente Gustavo Petro se refirió recientemente a la polémica por un millonario contrato que habría firmado la Presidencia para pagar su defensa y la de Verónica Alcocer ante las autoridades estadounidenses. En una publicación de su cuenta de X, el mandatario reconoció el gasto que está siendo indagado por la Procuraduría.
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Petro culpó a opositores
El mandatario publicó un mensaje en respuesta a la periodista Salud Hernández, quien criticó el gasto llamando al gobierno actual “abusivo y corrupto”. En su trino, Petro reconoció indirectamente que sí se realizó el contrato de 10.000 millones de pesos, y justificó el gasto.
“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles" afirmó, reiterando sus acusaciones de que políticos opositores habrían impulsado en Estados Unidos su inclusión en la lista OFAC.
“Querían hasta invasión y extracción y no se cuántas cosas más, apátridas”, señaló Petro, en referencia a las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, ya aplacadas, y al apoyo que brindaron algunos políticos a las amenazas de Trump de intervenir en el país.
La indagación de la Procuraduría
La congresista Katherine Miranda fue quien presentó la queja disciplinaria ante la Procuraduría por la firma del contrato que, según la notificación de la Procuraduría, fue suscrito el 9 de enero de 2026 y tiene plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2026.
“Mediante la modalidad de contratación directa, con la firma AMADEUS CONSULTANCY LIMITED, por un valor aproximado de $10.000.000.000, con cargo al Presupuesto General de la Nación”, dice parte del texto, según revelo el medio Semana.
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El documento del ente de control señaló en el documento que “en el contrato no se exigieron garantías de cumplimiento, pese a tratarse de recursos públicos de alta cuantía, circunstancia que incrementa el riesgo fiscal y patrimonial para el Estado y debilita los mecanismos de protección del patrimonio público”. Igualmente, le pidió pruebas al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) que presente algunas pruebas relacionadas con el controversial contrato.